Imaginemos que se empiezan a encontrar mal, con tos y malestar intenso. Imaginemos que saben que si va a ver a su médico o al hospital le facturarán por la atención varios cientos o miles de euros que deberán pagar bajo amenaza de embargo. Imaginemos que están enfermos de verdad y que deciden que no pueden permitirse ir al médico como no podía permitirse vivir en la vivienda en la que dejó de pagar la hipoteca cuando la crisis se lo llevó todo por delante hace menos de una década. Y como no van a la consulta por miedo a que les cobren no sabrán si son positivos o no, si pueden contagiar o no, si deben aislarse y no solo confinarse. Y si empeoran. ¿Qué pueden hacer? ¿Buscar ayuda en el wasap?

Paralela a esta historia se podrían escribir otras que reflejan lo mismo: acceso a viviendas dignas, trabajo seguro y dignamente remunerado. Historias que ponen en evidencia la desigualdad existente en la sociedad española, acrecentada desde la crisis de 2008 por la agresiva política económica que fue dejando en la cuneta a los más vulnerables. Cuanto mayor es la brecha entre la minoría rica y una mayoría empobrecida, más graves serán los problemas sociales y sanitarios. No importa lo rico que sea un país sino lo desigual que sea.  En palabras de Toni Judt, la desigualdad es corrosiva.  Por eso es importante reducir la brecha de las desigualdades sociales en salud y defender una sanidad pública y universal como una forma de reducir al menos una parte de esa desigualdad socio-económica.

Ha tenido que llegar esta pandemia   para que todos corran buscando la protección del Estado y para recordarnos la importancia de contar con una Sanidad Pública y sobre todo universal, que no discrimina a nadie, para la que todos somos iguales.

Desde hace poco más de un año en España esto ya es cosa que se puede imaginar, pero que no pasa. La aprobación del Real Decreto 7/2018 de Asistencia Sanitaria Universal dejó sin efecto la norma que arrebató la atención sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular.

La tristemente famosa 16/2012 era historia, historia negra, pero historia. Y aunque tras la derogación algunas Comunidades se han esforzado en negar la mayor y en poner dificultades a su aplicación, entender lo que no está escrito y en aplicar lo contrario a lo que el decreto y su espíritu defienden. Sepamos por qué.

Estos días tristes algunos portavoces políticos han demandado con voz mesiánica de ecos reverberantes que a los inmigrantes había que hacerles pagar la factura de la atención por el coronavirus. Lo primero que piensas es que ni siquiera se han parado a pensarlo dos minutos dado que las consecuencias negativas son tan evidentes y dramáticas que incluso a ellos se les puede llegar a ocurrir y que todo se explica por el principio de Hanlon. 

Pero luego ves que no. Y eso es lo preocupante. Que no es solo una idea disparatada fruto de la falta de entendimiento del ala radical y reverberante. Es una línea básica y continua en el discurso conservador y en el liberal en los últimos años. Y por tanto es una de las acciones que ejecutan en sus gobiernos y coaliciones. Es una de sus señas y la defienden sin rubor, antes y ahora. Todos somos iguales ante el virus, pero no todos tenemos los mismos derechos para curarnos nos quieren decir.

Muchas cosas estamos aprendiendo en esta crisis. Aprovechemos el confinamiento para hacer e-learning. Les proponemos un curso de política sanitaria con este temario: primero, control de pandemias eliminando la atención sanitaria universal, que cada uno se pague lo suyo. Tema dos. Control de pandemias con sanidades privatizadas y estructuras públicas desmanteladas, desprestigiadas y envejecidas. Tema tres, control de pandemias y el desmantelamiento de las estructuras de salud pública y de control de pandemias. Como bonus le proponemos el ejercicio práctico de buscar el cajón donde se guardó la ley general de salud pública de 2011 que implementaba estos mecanismos de control.

Esto es algo que también deberemos recordar cuando pase esta pesadilla y pongamos sobre la mesa quién desmanteló los servicios públicos porque era más eficiente, para las empresas, el modelo privado y quién quiere a los más vulnerables y más pobres, más excluidos aún. Quien quiere una sociedad privada para privilegiados con centros VIP. Como decía el brillante meme de wasap, solo espero que cuando vayan al médico, este sea inmigrante.

FIRMANTES DEL BLOG

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana
• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.
• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.
• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.
• Isabel González. Médico radiólogo. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia
• Ana BonedOmbuena. Médico de familia y técnico superior de salud pública de la Consellería de Sanitat Valenciana. Máster en salud pública por la U. de Harvard.
• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.
• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.
• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.
• Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.
• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar. Ilustradora del Blog Coronavirus en positivo.
• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.