Salud en positivo

Dejá vu

Ilustración de Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.
Ilustración de Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.

Esto de las concesiones sanitarias cada vez se parece más al juego del Monopoly. Los trabajadores de las concesiones además del temor al contagio y el exceso de trabajo (por las plantillas escasas y con precariedad laboral), ahora suman una más: ¿quién nos habrá comprado hoy? Se acuestan con Acciona y se levantan con un fondo de inversión compartiendo cartera con autovías, un canal de agua, una universidad... Este es el caso de trabajadores del Hospital Infanta Sofía de Madrid que ven su futuro con lógica incertidumbre.

Empresas con beneficios

El Gobierno del PP en Madrid, como en su día en la Comunidad Valenciana, ha "vendido" a los ciudadanos que las concesiones sanitarias son hospitales públicos, pero oculta que el dinero público que reciben las empresas para gestionar los centros les proporciona pingües beneficios. La ciudadanía observa con extrañeza que el Hospital Infanta Sofía tenga plantas vacías, incluida la UCI (16 camas) al tiempo que los pacientes eran trasladados a Ifema, a hoteles o morían en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. ¿La razón? Difícil de explicar cuando el resto de los centros públicos habilitaron espacios impensables para ubicar nuevas camas. El desgobierno de la Comunidad de Madrid toma esa decisión inexplicable al tiempo que construye un nuevo hospital (100 millones de euros) a pocos kilómetros del Infanta Sofía.

Presiones mediáticas

Las concesiones siguen siendo noticia en la Comunidad Valenciana. Los titulares en los medios locales se hacen eco de la desinteresada opinión de la empresa concesionaria, propiedad de una multinacional americana, sobre que la pandemia justifica la no reversión a lo público del departamento de salud de Torrevieja. Afortunadamente ni el mensaje mediático ni la muy probable presión al Consell han surtido efecto. La Conselleria de Sanidad remitió a la concesionaria las normas de reversión con sus correspondientes plazos en tiempo y forma, cumpliendo así con el pacto del Botánico y la promesa electoral del actual Gobierno de la Comunidad. La reversión a lo público sigue su curso. Estos días ha sido noticia que la empresa concesionaria Ribera Salud ha presentado una demanda judicial en un nuevo intento de impedir la reversión del Departamento de Torrevieja, exactamente igual que lo intentó, y se desestimó, en el caso de Alzira. Defienden que los contratos de las concesiones se deben prorrogar, según los términos de este, por cinco años más. Se olvidan de mencionar que debe ser por acuerdo entre las partes, acuerdo que no existe.

Presiones a la ciudadanía

Con este criterio no parecía que la vía judicial les fuese a dar la razón en el caso de la reversión de Alzira, como así ocurrió. Ante los reveses judiciales se puso en marcha un mecanismo de influencia social sobre la parte más vulnerable: la propia población y los pacientes y los profesionales. Los medios locales recogieron multitud de charlas en las asociaciones de pacientes donde se les advertía que si se producía la reversión serían trasladados a Valencia para ser tratados, en la televisión del hospital y de los centros de salud se emitían entrevistas en las que se alababa el sistema de concesión y se organizaron numerosos actos con expolíticos, gestores privados y economistas que lanzaron numerosas loas al sistema concesional, en un claro ejercicio de confusión a la población, incluida una demanda judicial basada en el colapso asistencial que  provocaría la reversión.

La reversión de Alzira fue un éxito

No se cumplió ninguno de los pronósticos, la reversión de Alzira fue un éxito: ni colapso, ni caos. Hubo continuidad asistencial, mejoras laborales, mejora de infraestructuras, compra de alta tecnología y material, inversión en atención primaria, mejora en la atención a residencias de mayores y un largo etc. Los profesionales del departamento de salud fueron claves en un proceso complejo que se realizaba por primera vez en España y que resultó, sin saberlo, una garantía de futuro, es decir, dos años más tarde el Departamento estaba en mucha mejor situación, como se ha visto, para dar respuesta a la pandemia.

Ya no se puede usar el argumento del caos asistencial para tratar de evitar la reversión de Torrevieja pero el resto de acciones siguen el mismo modus operandi, la utilización de los pacientes. Y en eso parece que basan la demanda contra la reversión: atender los requerimientos de Conselleria y enviar la información necesaria que se les requiere pone en riesgo la atención de los pacientes, según recogen los medios. Afirman que su principal objetivo en medio de la pandemia es salvar vidas. La Consellera Barceló ya les ha respondido "a salvar vidas nos dedicamos todos, la sanidad. No es solo un objetivo de una concesión, sino de todo el sistema sanitario".

Enviar la información que solicita Conselleria les impide salvar vidas? Nuevamente jugamos al despiste y la confusión, ¿pero de verdad le quieren hacer creer esto a la ciudadanía? por favor, respeten su inteligencia y su memoria. Como recoge el diario público, hace unos meses fue enviado un contingente de enfermeras de las concesiones de Torrevieja y el Bajo Vinalopó para hacer test a toda la población de Torrejón (Madrid), y posteriormente hicieron test a todo el profesorado de Torrevieja. Las dos medidas, pero sobre todo la primera, tuvieron el rechazo de toda la comunidad científica, de reconocidos epidemiólogos y de la autoridad de salud pública, por inútil. Entonces tenían personal para ser trasladado "voluntariamente" de Alicante a Madrid, para una medida que se demostró inútil y ¿ahora no tienen personal para preparar la información que les solicita la Conselleria? La respuesta es fácil, en quince años han tenido tiempo para ir preparando la documentación solicitada y sino contraten el personal necesario.

Torrevieja hace rentable a la red

Sorprende la contumacia de sus actuaciones teniendo en cuenta el resultado de Alzira. Cabría pensar que están más preocupados por la pérdida de Torrevieja que por lo que llamaban "la joya de la corona" (el hospital de Alzira). Aunque Torrevieja no representa el volumen de negocio de Alzira, sí tiene lo que se conoce como "sinergias" con el Departamento concesional del Bajo Vinalopó en Elche. Esto significa que se comparte personal, la mayoría de las jefaturas de Servicio, la logística y recursos de mantenimiento entre ambos centros... por lo que la reversión del departamento de Torrevieja plantea un grave problema de sostenibilidad económica de la concesión del Bajo Vinalopó. Además, en los últimos años ha disminuido el número de pacientes que les eran enviados por hospitales públicos de su área de influencia y que generaban importantes ingresos conocidos como extracápita y que se suman al ingreso de la cápita (cobro por habitante del Departamento). Por tanto, Torrevieja no está sola en la red, su reversión arrastraría a un pez mayor llamado Bajo Vinalopó.

Lo anterior nos lleva a pensar que, sin dudar de su interés en salvar vidas, es el interés económico, verdadero motor y fin de las concesiones, el que mueve todas estas actuaciones de marketing, demandas judiciales y nula colaboración con las autoridades sanitarias. Hay mucho dinero en juego y la pandemia es la última excusa. Como se suele decir, salud y dinero maridan mal.

Firma del Post:

    • Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Forman el Foro Ágora Salud:

    • Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
    • Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.
    • Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.
    • Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.
    • José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.
    • Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
    • Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.
    • Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.
    • Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.
    • Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.
    • Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog:

    • Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.

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