Salud en positivo

El Consejo Interterritorial de Salud y la nueva ley de violencia contra la infancia

Teresa Patiño Lafuente

Abogada, vocal de la SEAUS y exdirectora General de Infancia y Familias del Gobierno de España

"La violencia sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso" (Jean Paul Sartre1905-1980)

El pasado 4 de octubre, nos despertamos con la noticia de un Informe en el país vecino (Francia), en el cual más de 216.000 personas menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Francesa desde 1950. El Presidente de los Obispos de Francia, Moultns Beaufort, pide perdón y declara: "La voz de las victimas nos trastorna y su número nos abruma".

Ha sido el Instituto Nacional de Salud y de la Investigación Médica quien ha puesto encima de la mesa la dimensión real del abuso y del problema. Se realizó un sondeo a 28.000 personas, llegando a la conclusión que 5.5 millones de franceses han sufrido abusos antes de cumplir 18 años.

El alcance del problema pone de manifiesto la violencia ejercida sobre la infancia y adolescencia en los países europeos. De hecho, en la actualidad y debido a la pandemia y a los confinamientos ha aumentado la situación de riesgo a todo tipo de violencias individuales y sociales (el 20% de los europeos sufre violencia, según la Agencia de Derechos Fundamentales) y más frecuentemente sobre las personas más vulnerables de nuestra comunidad; violencia de género, vicaria, contra los menores, personas con capacidades diferentes, por su orientación sexual, algo que empieza a rayar lo intolerante. Por ello, debemos visibilizar el problema, ponerlo en la agenda política como una prioridad y en especial, para las personas menores de 18 años. Es un imperativo de Derechos Humanos.

Avances en la lucha contra la violencia: la nueva ley

La violencia contra la infancia es un grave problema que hay que abordar desde diferentes ámbitos. España es un país que se ha caracterizado por sus grandes avances hacia la protección a la infancia, fue uno de los primeros en ratificar la Convención de Derechos del Niños de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 (ratificada enero 1990).

La necesidad de aprobar una Ley Integral Orgánica sobre violencia contra la infancia fue puesta de manifiesto por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones hechas a España en los años 2010 y 2018.

La norma se enmarca dentro de la estrategia nacional contra la violencia de género y dentro de los cometidos de la agenda 2030 y vio la luz en el BOE el pasado 5 de junio de 2021(8/2021, de 4 de junio, de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia).

En definitiva, el texto ha incorporado grandes avances a la lucha contra la violencia de las personas menores de 18 años, además, de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el acervo internacional.

El objetivo ha sido desarrollar el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño (que establece la obligación de los Estados Partes de proteger a los niños contra toda forma de maltrato).

Por otro lado, se ha regulado e introducido los cambios necesarios en la legislación española en aras de asegurar y garantizar la protección a la infancia y a la adolescencia contra todo tipo de violencia, estableciendo un sistema de protección uniforme en todo el territorio del Estado, y que constituya una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia.

En este sentido, se considera que el principal objetivo de esta norma es la prevención y la protección de la infancia y adolescencia ante cualquier situación de violencia, fomentando la sensibilización ciudadana de rechazo. Además, se refuerza el acompañamiento a las familias dotándolas de herramientas de parentalidad positiva y el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

El resultado ha sido una ley con un enfoque integral y multidisciplinar, abarcando tanto aspectos preventivos (sensibilización, formación), como de protección (detección y asistencia), así como de reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima.

La norma en el ámbito sanitario

El artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho que tienen los menores de 18 años a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como recibir prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud….

En esta nueva ley que desarrolla el derecho a la salud o carencia de enfermedad de la infancia y adolescencia como un derecho esencial para su desarrollo adecuado, el Consejo Interterritorial de la SNS cobra un protagonismo especial, le da varios mandatos llenos de contenido:

En el plazo de un año desde la entrada en vigor, se creará una Comisión frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes que estará integrada por las CCAA y expertos en Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Igualmente, en un plazo de 6 meses deberá elaborar un protocolo de actuación sanitaria, que propondrá medidas sanitarias necesarias para erradicar la violencia sobre la infancia y adolescencia. Los citados protocolos deberán fijar los procedimientos de comunicación, así como, la colaboración con los Juzgados de Guardia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Entidad Pública (administración autonómica) y el Ministerio Fiscal,

Otra tarea que le asigna será la elaboración de un informe Anual sobre la detección sanitaria de menores víctimas de violencia. En este mismo marco el Consejo Interterritorial, impulsará "la promoción del buen trato a la infancia y adolescencia, al igual, que la detección precoz de la violencia y de sus factores de riesgo, así como, promoverá la adecuada asistencia sanitaria y la rehabilitación de las víctimas.

Llama poderosamente la atención la preocupación de la norma por la salud mental, asignatura siempre pendiente dentro del sistema sanitario, por ello indica, que se garantizará la salud mental integral y reparadora adecuada a la edad e insiste en el derecho de la atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicosocial para las víctimas, y en su caso, la unidad familiar con una especial atención a la atención temprana para la infancia menor de seis años.

La obligación del personal sanitario de comunicación inexcusable y de forma inmediata a la autoridad competente de situaciones de violencia y en especial el de los centros sanitarios.

Dentro del gran impacto normativo, se ha modificado la Ley 41/2002, (básica de autonomía del paciente), con el objetivo de que quede reflejada en la historia clínica de las víctimas de violencia la asistencia practicada, lo que posibilitará hacer un mejor seguimiento de los casos de violencia y permitirá evaluar la magnitud del problema en la salud pública.

Planes específicos y programas de formación en los planes de estudio de profesionales sanitarios con contenidos específicos en prevención, detección precoz e intervención de los casos de violencia en los profesionales sanitarios, ha sido una demanda reiterada por todos los profesionales sanitario,

Por último, merece la pena destacar en el tema sanitario la determinación de la edad de los menores no acompañados (los llamados MENAS), tema muy controvertido y en auge en los últimos tiempos. En este contexto hacer dos precisiones importantes:

Primero, para respetar la autonomía del paciente es necesario el consentimiento informado de los menores no acompañados, se reconoce como un derecho a la hora de practicar las pruebas médicas. Así lo requiere el art, 12,4 de la LPJM, modificada por Sentencia del Tribunal Supremo. Es preceptivo para la prueba que hay que realizar al menor la exigencia del consentimiento informado, con garantía de respeto a su dignidad y sin que suponga en ningún momento riesgo para la salud.

Segundo, el presente texto faculta al Gobierno para que, en 12 meses desde la aprobación de la ley, proceda al desarrollo normativo del procedimiento para determinar la edad de los menores no acompañados, de forma que se garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales, así como, la prevalencia del interés.

La violencia como decía, Martín Luther King, crea más problemas sociales que los resuelve. El hecho que se visibilice el problema y que este presente en la agenda política de todos los Estados nos indica que andamos en el buen camino en la lucha contra cualquier tipo de violencia contra la infancia y adolescencia, Es una obligación que tenemos toda la sociedad de erradicarla la violencia contra la infancia para conseguir un futuro mejor para nuestros pequeños.

 

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

 

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.