Opinion · Crónicas insumisas

El Gobierno de Guatemala, la impunidad y los Derechos Humanos

Tica Font
Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

El Gobierno guatemalteco el día 1 de julio canceló el visado a dos miembros de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), teniendo estos 10 días para abandonar el país o serían expulsados. Finalmente el día 10 de julio el gobierno revocó la cancelación.

Según recoge la prensa, el ministro de gobernación López Bonilla afirma haber visto una fotografía en la que un miembro de PBI lanzaba piedras contra la Policía Nacional mientras éstos procedían a un desalojo violento de pobladores y vecinos que protestaban y se resistían a la puesta en marcha de una mina, a la que se oponen por considerar que dicha actividad es contaminante. Los vecinos del pueblo de La Puya y San José del Golfo en un acto de resistencia llevaron a cabo una sentada frente a la entrada  de las instalaciones mineras, cuyo objetivo era impedir la entrada de maquinaria en las instalaciones, algunas mujeres organizaron unos rezos con la finalidad de detener el avance de los agentes policiales que tenían la orden de desalojar el área.

Hubo más de una hora de enfrentamientos entre los cuerpos policiales y los vecinos opositores, como resultado del desalojo se produjeron intoxicaciones en mujeres y niños por el uso de gases lacrimógenos y heridos entre miembros de la policía y civiles. Como siempre las declaraciones ante estos hechos son dispares, representantes de la Cámara de Industria respaldan la actuación policial y afirman que hubo un “abuso del derecho de protesta”. El portavoz de la empresa minera considera que los manifestantes no quieren dialogar, que mantienen una posición muy radical y que están desinformados, ya que ignoran los beneficios que puede proporcionarles la actividad minera. Por otra parte representantes el movimiento de resistencia señalaban que llevan más de dos años oponiéndose de forma pacífica a dichas instalaciones y pidiendo que las demandas de los vecinos sean tomadas en cuenta, entre las cuales se encuentra la demanda de participar en la decisión de aceptar o no el proyecto minero.

Por otra parte, PBI es una organización internacional no gubernamental que promueve la transformación de conflictos por medios no violentos y la protección de los derechos humanos. Su tarea principal es el acompañamiento y observación internacional, a petición de las organizaciones sociales que se encuentran amenazadas por su labor de defensa de los derechos humanos. PBI acompaña a organizaciones, comunidades o colectivos que ejercen y defienden de forma pacífica los derechos humanos; PBI respeta la autonomía y el protagonismo de las propias organizaciones que han solicitado su presencia y acompañamiento, no interfiere en sus procesos de toma de decisión ni en el desarrollo de las actividades que lleven a cabo, así como mantienen una posición independiente respecto de los poderes políticos y económicos.

Dada la trayectoria y los principios que rigen en PBI, si PBI estaba presente durante estos hechos fue como observadores internacionales y a petición de los organizadores del “plantón”. Si alguna cualidad ha mostrado PBI en estos años ha sido no hacer declaraciones, valoraciones ni actuaciones de carácter político, su actuación se limita a acompañar a personas o grupos que están en situación de riesgo, es decir, situaciones en las que puedan vulnerarse sus derechos y a confeccionar informes generales sobre la  situación del país.

En este conflicto lo relevante es que la vulneración de derechos está relacionada con la oposición de ciudadanos a una actividad industrial, en este caso de minería, en sus territorios y con la participación del Estado que ha utilizado la fuerza represiva a favor de los intereses económicos y en contra de los ciudadanos y su derecho a decidir y a opinar sobre su vida y su futuro.

Algunos medios de comunicación, en relación al desalojo de La Puya, hablaban de presencia de extranjeros que participan de conflictos sociales, de extranjeros que instigan, provocan a la rebeldía y generan desorden público, los califica de profesionales de la conflictividad social de esconderse tras siglas de ONG e insta a que sean expulsados, a que se vayan de Guatemala. PBI no merece todas estas insinuaciones o acusaciones, su trabajo a lo largo de estos años ha sido garantía de vida a muchos defensores de derechos humanos, gracias a su acompañamiento y presencia se han evitado asesinatos y otras conculcaciones de derechos fundamentales. Expulsar del país a activistas por la paz bajo acusaciones tan burdas refleja la intencionalidad de ciertos gobernantes que quieren vulnerar los derechos humanos de sus ciudadanos y que no quieren que haya testigos de sus actuaciones.