Crónicas insumisas

El Tratado de Comercio de Armas y el negocio de la guerra

Pere Ortega, Centro Delás de Estudios por la Paz

Tras ser ratificado por 55 estados, el pasado 24 de diciembre entró en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). Nadie puede objetar de que se trata de un paso positivo en la regulación de uno de los más criminales comercios actuales, que al lado del tráfico ilegal de drogas, órganos humanos, mujeres y niños mueve más dinero en el mundo. Pero las armas a diferencia del resto, es un tráfico legal que se realiza entre estados, mientras sólo una pequeña parte no lo es, el que mueven los traficantes de armas para suministrar armas a grupos armados, señores de la guerra o países embargados por la ONU y del cual no sabemos su cuantía pero sí que detrás se esconden gobiernos que lo favorecen, pues sin la complicidad de estados no llegarían armas a los rebeldes que luchan en Siria, Afganistán y en tantos otros lugares.

El otro, el mercado legal, sí sabemos con exactitud su volumen. En 2012 movió la cifra de 58.000 millones de dólares (SIPRI 2014) en armas pesadas (aviones, buques de guerra, misiles, blindados…) y estos, como se ha señalado, son adquiridos por los estados; mientras que las armas ligeras (fusiles, lanzacohetes, pistolas y municiones), mueven 10.000 millones de dólares más. Estas últimas son evidentemente las que más muertes producen, pues son las que se utilizan en los conflictos actuales y las que son susceptibles de ser enviadas de manera ilegal, mediante desviaciones y ventas triangulares a grupos armados.

Ahora con la entrada en vigor del TCA, tendremos mayor transparencia y eso, en sí mismo es un progreso. Además, el Tratado estipula que no se deben vender armas a países con graves violaciones de derechos humanos. Pero a su vez tiene un grave inconveniente: que no desarrolla en qué casos no se deben exportar armas y deja al albedrío de los estados su interpretación. Entonces, cabe esperar lo peor a tenor de experiencias cercanas.

Recordemos que la Unión Europea desarrolló una Posición Común que regula el comercio de armas y que es de obligado cumplimiento para los 28 estados miembros, que el Estado español convirtió en ley, según el cual los estados no podrán vender armas a estados que no cumplan los siguientes ocho criterios: que estén libres de embargos de la ONU; que no cometan graves violaciones de los derechos humanos; que no existan tensiones o conflictos armados internos; que las exportaciones no puedan atentar contra la paz o la seguridad regional; que tampoco puedan atentar a la seguridad de un país miembro o aliado de la UE; que no exista comportamiento desleal del país comprador con la comunidad internacional; que no se corra el riesgo de desvío de las armas hacia terceros indeseables; y, por último, que las exportaciones de armas estén en consonancia con la capacidad económica del Estado y no debiliten su desarrollo.

Mejor, casi imposible. Con semejante Posición Común, la Europa comunitaria habría podido convertirse en adalid de la defensa de la paz, de los derechos humanos y de la seguridad mundial, y acabar en buena parte con el negocio de la muerte de las armas. Pero en cambio no ha sido así, sino al contrario. Desde su puesta en marcha en 2008, las exportaciones de armas desde la UE han ido en aumento. Sólo por poner el ejemplo de España, en 2013 exportamos armas por valor de 3.908 millones de euros, mientras que en el año de su puesta en marcha (2008) ascendieron a sólo 839 millones.

Y además una buena parte de esas exportaciones de armas se envían a países que violan la Posición Común: a Israel, Colombia, Afganistán, Arabia Saudí y todos los países del Golfo, además de Libia, Egipto y todos los países donde se produjeron las revueltas árabes, y muchos países del África subsahariana. Es decir, una violación sistemática de los principios éticos que promueve la Posición Común y la ley española. Entonces, ¿por qué ocurre semejante despropósito? Porque cada Estado europeo hace de su capa un sayo e interpreta a su manera la Posición Común, y priman antes los intereses de política exterior o los comerciales que los principios éticos.

Eso mismo puede ocurrir con el TCA, que además es mucho menos riguroso que la Posición Común europea, y es de temer que los estados que lo han firmado alardeen de tener un Tratado que regula el comercio de armas, pero a la vez lo justifiquen, cómo ya han hecho en tantas ocasiones, para exportar armas bajo la excusa del "derecho a defenderse" de los pueblos, o para preservar la paz y los derechos humanos de los afganos, los sirios o cualquier otro pueblo inmerso en un conflicto.

Pero hay más cuestiones. El volumen de las exportaciones de armas son unos 68.000 millones de dólares, y no es la parte más voluminosa del negocio que producen las industrias de guerra: en 2013, sumaron 402.000 millones de dólares. La diferencia la adquieren los propios estados donde están ubicadas esas empresas, unos 334.000 millones; armas adquiridas para las Fuerzas Armadas propias. Un gasto que también va en detrimento del desarrollo y de la seguridad humana de la población. Pues esos artefactos consumen unos enormes recursos que desde el punto de vista de la eficiencia económica son un despilfarro y que destinados a la economía real serían mucho más productivos.

En definitiva, el TCA tiene en las industrias militares que se lucran con el negocio de la guerra y su preparación el principal obstáculo que impide el desarrollo de la población mundial y no permite reducir los 50.000 muertos que las armas producen al año.