Pere Ortega, Centre Delás de Estudios por la Paz

El vocablo complejo militar industrial surgió del discurso de despedida de Eisenhower en 1961 como presidente de EEUU, con el cual denominó al grupo de presión con mayor influencia sobre la Casa Blanca. Complejo militar industrial que por cierto, él había dotado de ingentes recursos para su desarrollo. Esta denominación ha hecho fortuna y se refiere al conjunto de organizaciones que rodean el militarismo entendido como la influencia de lo militar sobre lo político, es decir: las industrias de armas; los accionistas; las corporaciones financieras con fuertes intereses en ellas; los políticos que defienden esos intereses y que a su vez se encuentran vinculados a las industrias de guerra; los altos mandos de las fuerzas armadas, muchos de los cuales también tienen estrechos vínculos con las empresas de armas; las empresas de insumos y servicios que suministran a las fuerzas armadas; finalmente, los organismos multilaterales militares donde también confluyen los intereses de todas las organizaciones anteriormente detalladas. Todos ellos son los beneficiarios directos de la inercia política que invade los países del mundo industrializado en favor de mantener un importante gasto militar para favorecer sus intereses particulares.

En el Estado español también tenemos presente este lobby militar industrial que ejerce esa presión sobre las decisiones de los políticos que gobiernan. Una buena prueba de ello es ver como las empresas militares se interesan por fichar como ejecutivos a políticos que han estado ligados al Ministerio de Defensa o a militares de alto rango de las fuerzas armadas. Esto es un hecho común en muchos países debido a los beneficios que obtendrán sus empresas de un personal con relaciones, conocimientos e información privilegiada sobre las políticas militares de los gobiernos. En ese sentido España no es diferente y en los últimos años se han prodigado los militares o políticos que dejado el servicio activo y pasan a incorporarse como ejecutivos en empresas militares.

De entre estos personajes, el más llamativo es Pedro Morenés, actual ministro de Defensa del Gobierno del Partido Popular desde diciembre de 2011. Anteriormente, entre 1996 y 2000, con el Gobierno de José Maria Aznar del PP, Morenés ya había sido Secretario de Estado de Defensa, y entre 2000 y 2002, Secretario de Estado de Seguridad. Tras perder las elecciones se incorporó como ejecutivo o asesor en diversas empresas de seguridad y militares. Desde junio de 2010, había sido presidente de MBDA España. La empresa matriz MBDA está participada por tres de las principales industrias militares europeas (Airbús Military y BAE Systems en un 37,5% cada una y Finmeccanica un 25%) y se dedica a la fabricación de toda clase de misiles (en España el Meteor con un coste de 100 millones de euros). Morenés también había sido consejero entre 2005 y 2007 de Instalaza, ubicada en Zaragoza y dedicada íntegramente a fabricar explosivos, en el pasado minas antipersona y bombas de dispersión (ambas hoy prohibidas en España), empresa a la que represento hasta 2011. Instalaza, en 2007, suministró bombas de dispersión a la Libia de Gadafi, justo antes de ser prohibidas en España. También había dirigido Segur Ibérica, la empresa de seguridad privada que realiza la protección armada de los barcos de pesca que faenan en el Índico frente a las costas de Somalia; a su vez fue consejero de SAPA Placencia, empresa vasca dedicada íntegramente a la fabricación de armas pesadas y ligeras, así como explosivos y municiones.

El actual ministro Morenés, escogió a Pedro Argüelles como Secretario de Estado de Defensa, quien hasta su elección presidía desde 2002 la filial estadounidense Boeing para España y Portugal y era vicepresidente Boeing Internacional, empresa que ha suministrado a las fuerzas armadas españolas los aviones EF-18 Homet, Boeing 747, AV8V Harrier y los helicópteros Chinook.

Otro caso de puerta giratoria entre el Ministerio de Defensa y las empresas militares es la designación en junio de 2014 de Adolfo Menéndez al frente de Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la patronal que agrupa a la mayoría y más importantes empresas militares de España; éste, además es miembro del Consejo de Administración de INDRA. A su vez, Menéndez había acompañado a Pedro Morenés en el cargo de Subsecretario de Defensa cuando éste era Secretario de Defensa en el Gobierno de José María Aznar. Fue precisamente Adolfo Menéndez quien vino a substituir al frente de TEDAE a quien fuera ministro de Defensa durante el Gobierno del PSOE (1991-1995), Julián García Vargas, que estuvo al frente de esta patronal entre 2009 y 2013. Además, García Vargas ha formado parte de la asociación USDAN, encargada de mediar en favor de los intereses de las industrias militares en exportaciones de armas frente a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU). Por último, Menéndez, entre otras funciones fue asesor de otras grandes empresas y vicepresidente de la Asociación Atlántica Española, una entidad civil de apoyo a la OTAN.

Al expresidente del Gobierno, José María Aznar, se le ha asociado a diversas operaciones de ventas de armas, en octubre de 2008, a la Libia de Gadafi, Argelia y Rusia a través de la empresa Einsa, en la que actuó como intermediario su amigo Miguel Blesa, cuando éste era presidente de Caja Madrid. También participó en las ventas de patrulleras y otros buques militares que Navantia efectuó en 2005 a Venezuela durante la etapa de Hugo Chávez que, aunque el contrato fue firmado por su sucesor, Rodríguez Zapatero, las operaciones fueron iniciadas por el Gabinete de José María Aznar. Fue durante el mandato de Aznar al frente del Gobierno cuando se iniciaron los Programas Especiales de Armamentos hoy puestos en entredicho por su elevado coste, 35.000 millones de euros, que han sumido a Defensa en un atolladero de impagos que no sabe cómo resolver. Aunque también exaltos cargos del PSOE se han visto denunciados como participantes en las operaciones de ventas de buques a Venezuela por un importe de 1.700 millones de euros. Ventas en las que intercedieron Javier Salas, expresidente del Instituto Nacional de Industria (INI) hasta 1996, y Antonio Rodríguez Andía, subordinado de Salas en el INI. Quienes, una vez abandonado el INI, Salas instaló un despacho de asesoría financiera, desde donde, según se desprende de una investigación llevada a cabo desde un juzgado de instrucción de Madrid, gestionó con Navantia la operación, y ésta abonó 42 millones a varios comisionistas venezolanos y españoles, entre los que se encuentran Salas y Rodríguez. Ambos, acusados de tráfico de influencias, quiénes han justificado esas comisiones como algo "normal" en este tipo de operaciones. (Continuará).