Opinión · Crónicas insumisas

Corrupción en Defensa y Seguridad

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

A finales de diciembre la organización Transparency International ha publicado un informe sobre los riesgos de corrupción en las áreas de Defensa y Seguridad. Dicho informe elabora un índice que mide el riesgo de corrupción en la seguridad y defensa de los estados, en concreto analiza los países que forman parte de la OTAN.

Los países están clasificados como A (riesgo de corrupción muy bajo), en esta categoría se encuentra Reino Unido. En la B (riesgo bajo) se encuentran Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza. En la C (riesgo moderado) se encuentran Austria, España, Francia e Italia.

La corrupción está íntimamente ligada a elementos como transparencia, medidas de control interno y medidas de control político parlamentario. En el caso español el informe valora con gradación diversa los déficits en todos estos ámbitos.

En transparencia se valora que el presupuesto de defensa sea público, pero critica que esté desagregado entre otros ministerios como el Ministerio de Industria o el Ministerio de Exteriores; o que no presupueste como gasto el pago anual comprometido a las empresas por la adquisición de programas de armamento, aprobándolo a lo largo del año con créditos extraordinarios; o presupuestando a la baja el coste de las misiones militares en el exterior, utilizando para ello una partida de contingencias situada fuera del ministerio de Defensa. Todo ello provoca que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado llegue a ser entre 15 y el 30%. En definitiva, una mala práctica en la confección del presupuesto de defensa que dificulta la rendición de cuentas y el seguimiento del mismo, pero sobre todo es una práctica que intenta ocultar o evadir el debate sobre el gasto real en Defensa.

En lo que se refiere al control político parlamentario en el Pleno o en la Comisión de Defensa del Congreso, se valora que los debates de ciertas disposiciones generales y algún que otro tema, se publiquen en el diario de sesiones, también se valora que el Parlamento autorice los tratados internacionales en temas militares y autorice las misiones en el exterior; pero el Parlamento y la Comisión de Defensa no debaten ni intervienen y no someten a votación cuestiones relevantes como la estrategia de seguridad, convenios de colaboración industrial militar con otros países como Israel, la reorganización de las fuerzas armadas o las exportaciones de armas, exportaciones que están sometidas a secreto oficial. Muchos aspectos relacionados con la Defensa, demasiados, no están sometidos a debate y control político y parlamentario y, aquellos temas que se someten a debate, el mismo se lleva a cabo a posteriori, cuando ya está ejecutado y sin que el debate pueda alterar el resultado de la decisión del Gobierno. Por ejemplo, el Gobierno informa de ciertas exportaciones de armas a la Comisión de Defensa del Congreso cuando estas ya se han ejecutado sin que los diputados puedan valorar las vulneraciones jurídicas de las mismas o la conveniencia política de dicha exportación.

En tercer lugar destacar la crítica más relevante, la falta de mecanismos internos de control y prevención de la corrupción. En este ámbito el Informe recomienda al ministerio de Defensa que adopte la doctrina operacional anticorrupción, que proporcione formación sistemática a mandos y personal susceptible, por el puesto de trabajo que desempeñan, de mantener actitudes éticas que impidan prácticas corruptas; también señala con especial énfasis establecer formación y medidas de control en las contrataciones y operaciones militares en el exterior.

Finalmente destacaría el caso del ex teniente Segura, que finalmente fue expulsado del ejercito por denunciar corruptelas internas entre los mandos militares. Para combatir la corrupción en Defensa y seguridad, es necesario establecer medidas como las mencionadas anteriormente, pero es necesario cambiar la cultura imperante en el cuerpo. En primer lugar, eliminar la mentalidad de que “la ropa sucia se lava en casa”, este tipo de cultura impone unas reglas internas que permite que haya abusos y que dichos abusos queden impunes. Cualquier delito o mala práctica tiene que ser sancionada de manera pública, transparente y por órganos independientes. Otra medida importante es establecer instancias independientes donde se puedan realizar denuncias y que las mismas sean investigadas. Los cuerpos de seguridad tienen una cadena de mando tan jerarquizada que cualquier denuncia tiene que ser elevada a un superior, es evidente que de esta manera las denuncias no solamente no prosperan sino que se vuelven como un ‘boomerang’ contra el denunciante.

El próximo Gobierno, si quiere y si tiene voluntad política, tiene muchas reformas que llevar a cabo.