Opinion · Crónicas insumisas

¿Las armas son bienes económicos?

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Me comprometí en un artículo anterior a argumentar sobre qué clase de bienes son las armas. Pues en eso estoy. Una de las buenas aportaciones de Marx a la teoría económica (me refiero a Karl no a Groucho, aunque seguro que éste habría analizado con agudeza el concepto), fue la distinción entre valor de uso y valor de cambio en bienes y productos. En ese sentido Karl Marx afirmaba que un producto tenía valor de uso por el simple hecho de existir, pues éste se había producido para tener una utilidad entre los humanos. Y en ese sentido, añadía, que además de tener valor de uso debía tener un valor de cambio, es decir, entrar en los circuitos de intercambio entre las personas, eso que denominamos mercado, y que sólo entonces accedía a tener un valor social.

Por lo tanto, sólo aquellos productos que las personas consumimos tienen un valor social, cosa que no tienen los productos que no se pueden intercambiar en el mercado. Así, a nadie se le ocurre fabricar productos que no se pueda comerciar con ellos. Pues eso es exactamente lo que ocurre con las armas, aunque algunos economistas del establishment se entesten en afirmar lo contrario, no existe un mercado de armas, ninguna persona puede acudir al mercado a comprarse un avión de combate, un tanque o una fragata, pues eso sólo lo pueden adquirir los Estados, pero no la población en general.

Los defensores de las armas podrán añadir que sí existe un mercado de armas cortas y ligeras, y es cierto, pero en la mayoría de países del mundo este mercado, debido a lo mortífero del artefacto, está muy regulado y se necesitan diversos permisos que restringen en mucho el acceso a poseer armas, por ejemplo en Europa. Y en aquellos países dónde sí se puede acceder con facilidad a adquirirlas, siempre son armas cortas y como mucho ligeras (aquellas que pueden ser transportadas a mano), como es el caso de Estados Unidos. Luego están las armas que a través del crimen organizado llegan a los mercados ilegales, pero éstas también son armas cortas o ligeras. Pero en uno y otro caso, esas armas no alcanzan más allá de un 1% o 2% sobre el total de la producción mundial, es decir, no más allá de unos 7 mil millones frente a los 367.000 millones (SIPRI 2016) que adquieren los Estados para armar a sus ejércitos. Después están los traficantes de armas, pero ellos se nutren de parte de ese 1% o 2% en el mercado irregular e ilegal, desde luego lo hacen con la connivencia de algunos Estados que se las facilitan. Entonces, esas grandes Ferias de armas que se exhiben en el mundo son escaparates para mostrar los avances tecnológicos conseguidos y para que los Estados acudan a adquirir armas pesadas y ligeras, y aunque aparentemente aparezcan como un “mercado” no lo son, pues las personas en general no podrán adquirirlas para su uso y disfrute (es un decir).

De ahí se deriva la crítica al gasto militar para mantener ejércitos y la adquisición de armas de los que afirmamos que el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. De una parte, porque genera endeudamiento público destinado a un servicio, el ejército, de “supuesta” necesidad y eficiencia, pues al contrario de servicios sociales, educativos o sanitarios, donde sí se percibe la necesidad, no se percibe en el caso de las armas.
Las armas al ser adquiridas por el Estado, impiden que bienes de capital, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra se destinen al sector productivo civil donde generarían mayores beneficios por una cuestión de “costes de oportunidad” que se pierden, pues destinados al desarrollo de la economía real, la productiva que tiene valor social, generarían más desarrollo económico. A lo que hay que añadir, la dependencia de las industrias militares del Ministerio de Defensa que las convierte en parasitarias del Estado, pues sólo viven de sus demandas, y eso las conduce a no desarrollar políticas de eficiencia en el control de costes, pues el Estado acabará pagando sea cual sea el coste final del arma. Así ocurre en España (y en otros países), donde la adquisición de la mayoría de los grandes contratos de armas no están sujetos a concurso público, sino que se adjudican a dedo a las industrias.

Claro que los economistas del establishment recurrirán a Keynes para afirmar que cualquier gasto público crea empleo y repercute en crecimiento. Pues como afirmó ese excelente economista, contratar trabajadores para hacer zanjas para después taparlas crea empleo e impulsa la economía de un país. Pero ante ello, hay que añadir que o aumentas los impuestos para cubrir ese trabajo improductivo o se aumenta la deuda y el déficit público.

A lo que se debe añadir una cuestión de pragmatismo social, las armas siempre se utilizan en el sentido de la paz negativa (disuadir o amenazar mediante su uso o hacer la guerra), cuando existen otros medios para construir la paz positiva, aquella que preconiza la transformación de los conflictos por otros medios que el uso de la fuerza.