Tica Font, Directora Instituto catalán Internacional para la Paz
Henry Acosta, el que ejerció el papel de artífice entre el Gobierno colombiano y las Farc antes y durante los diálogos de paz en La Habana, y quien en los momentos duros de la negociación medió para evitar la ruptura de la mesa de diálogo, ha escrito una carta en los medios de comunicación advirtiendo que está muy preocupado por lo que considera la no implementación del acuerdo.

La primera fase de los acuerdos, el desarme de las FARC se ha cumplido escrupulosamente, las FARC han entregado sus armas. La misión de la ONU en Colombia ha informado que ha finalizado su tarea de recoger e inutilizar las armas recolectadas en las Zonas Veredales y que han destruido el material inestable.

Acosta en su carta avisa del peligro de incumplimiento de acuerdos que se tienen que llevar a cabo durante los dos primeros años.

El primero de ellos, una vez se ha ejecutado el Desarme y la Desmovilización llega el momento de la Reinserción, el llamado proceso de DDR. La Reinserción se pactó que fuera colectiva, que se desarrollarían unos proyectos de desarrollo comunitario, o de economía social para los 14.000 insurgentes. Todo parece indicar que el Gobierno ha optado por otra respuesta distinta a la pactada, entregar 3.200 € (8 millones de pesos) a cada insurgente de forma individual. La opción individual conlleva el riesgo de que la persona se lo gaste y cuando no le queden recursos pase a formar parte de los grupos criminales o bandas organizadas. Las FARC querían formas colectivas de empelo que representen una autoayuda y les aleje de la economía ilegal.

La segunda gran preocupación se centra en el debate que está teniendo lugar en el Tribunal o Corte Constitucional sobre si las FARC pueden pasar o no a hacer política. El punto esencial de toda negociación de esta índole, es que los grupos armados o grupos guerrilleros dejan las armas para canalizar sus reivindicaciones políticas por vía democrática, a través de las instituciones democráticas. Las FARC acaban de crear un partido nuevo, si la Corte decidiera el NO a este partido deja a las FARC con una sola salida, volver al monte, volver a tomar las armas para defender su proyecto político. Ya se sabía que había puntos del acuerdo que requerirían de cambios constitucionales. Si no hay planes viables de reincorporación y no hay vía de participación política. ¿Qué salidas hay?

Tercera preocupación, los acuerdos contemplan crear zonas electorales más pequeñas en zonas rurales, en concreto se acordó crear 16 zonas electorales en territorios lejanos a las zonas más densamente pobladas, es una iniciativa que favorecería la presencia política de las FARC pero daría más visibilidad a las problemáticas rurales. El Parlamento colombiano está debatiendo este punto, pero centran el debate en el número de municipios que deben de formar esas nuevas zonas, con el peligro de diluir la finalidad que contenía el acuerdo.

Cuarta preocupación. Los tribunales y Salas de la Justicia Especial. En estos momentos se está en fase de selección de magistrados, entre los candidatos a ello figuran exmagistrados y exjueces de las Fuerzas armadas y los que tendrían que juzgar y dictar sentencia a los actores del conflicto, la imparcialidad de estos magistrados debe primar y por tanto no escoger magistrados que pertenecen o han pertenecido a las fuerzas armadas. Si tenemos en cuenta que la unidad de investigación de estos tribunales ya ha recaído en la Fiscalía General la imparcialidad podría quedar en entredicho.

Construir la paz es asunto de toda la sociedad, no es una cosa de elites, incumbe a todos los ciudadanos y todos ellos tienen un papel que jugar y todos tienen que trabajar para que sea posible. La implementación de estos acuerdos es una oportunidad para el cambio que hay que aprovechar. Es el momento de romper con la costumbre colombiana de no cumplir con lo pactado y con los compromisos adquiridos, es el momento de llevar a cabo el lema del proceso de Guatemala "Dialogar para pactar, pactar para cumplir y cumplir para cambiar".