Opinion · Crónicas insumisas

El supuesto presupuesto progresista de 2019

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

El presupuesto pactado entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos, es, sin duda, desde el punto de vista social, uno de los más progresistas que se han presentado en varias décadas.

Las buenas noticias se traducen en el incremento, entre otros, de la recaudación fiscal de un 5,7% mediante el aumento a las rentas más altas de dos puntos del IRPF; un aumento de la tributación mínima a las grandes empresas; aumento del impuesto de patrimonio; creación de un impuesto a los servicios digitales; impuesto a las transacciones financieras; aumento de la lucha contra el fraude fiscal. Enhorabuenas para ambos partidos, pues esos aumentos en la recaudación fiscal serán, en su mayoría, para incrementar las ayudas sociales. Entre las más importantes: subidas de las pensiones de acuerdo con el IPC; a las pensiones mínimas; de las ayudas para becas; a la dependencia, … O la subida del salario mínimo interprofesional de 735 a 900 euros mensuales. Medidas que en su conjunto mejorarán el consumo de la población más precarizada y ayudarán a crear empleo.

Pero a pesar del optimismo que ofrece la propuesta de presupuesto, también hay un fuerte ajuste estructural, pues se prevé un déficit de tan sólo un 1,8% del PIB que se traduce en un recorte de 4.850 millones, lo cual no es ninguna buena noticia y tendremos que saber sobre qué partidas se aplica la reducción. Se trata de una cuestión clave que no es nada satisfactoria, destinada a contentar a la UE en el objetivo de déficit, y pretender rebajarlo al 1,8%, cuando este año 2018 rondará el 2,7%. Pues eso supone limitar en mucho la aspiración de paliar el austericidio implantado en años anteriores por parte del Gobierno del Partido Popular, que si bien en 2019 se propone aumentar en determinadas partidas sociales, continuaran limitando el gasto público, en especial el capítulo de inversiones, que en cierta medida es el que mayor impulso da a la economía productiva.

Además, hacen falta saber otras cuestiones de importancia y que cada año analizo con detalle. Me refiero al gasto militar, un gasto que por superfluo, destruye riqueza en la economía productiva. Pues sabido es, aunque lo desmientan los economistas del establishment, que ese gasto, aunque se justifique como un gasto estructural necesario, no lo es, pues esos 120.000 efectivos que consumen unos 20.000 millones de euros, en salarios, armamentos y mantenimiento de infraestructuras y servicios, destinados en la economía real, la productiva, generarían mucha más riqueza. Primero, porque buena parte de esos militares, serían más productivos trabajando en la función pública, en la industria o prestando servicios, que no disuadiendo posibles ataques o amenazas del exterior, que no las hay. Segundo, porque, las aportaciones en I+D al sector militar y a la producción de armamentos, triplicarían la creación de puestos de trabajo en otros sectores industriales o de servicios. Pues sabido es, que el sector militar industrial vive de la inercia que mantienen la mayoría de los estados, como el español, tan sólo para uso y disfrute de los accionistas de las empresas militares o de los altos mandos militares en ese juego macabro de la estrategia de prevenir o hacer la guerra.

En el aire queda saber la propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de si se van a poner en marcha nuevos Programas Especiales de Armamentos (PEA) que cifró en 5.500 millones para los próximos años, lejos de 10.800 que prometió la anterior ministra Dolores de Cospedal. Para fabricar una nueva Fragata F-110, unos blindados 8×8, helicópteros NH-90, drones y satélites militares. Un gasto inútil desde el punto de vista social, pues dará trabajo a unas industrias improductivas, pues la pública Navantia pierde dinero todos los años; o Airbus e Indra, de las que también el Estado es accionista y por tanto, reciben un trato de favor y privilegios que no favorece la economía de mercado de la que el propio Gobierno del PSOE es defensor.