Opinion · Crónicas insumisas

Corrupción, pagos irreales de asistentes y sobresueldos en eurodiputados

Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Estos días los candidatos a comisarios de la UE están pasando examen ante una comisión de europarlamentarios una de ellas es la eurodiputada Sylvie Goulard, candidata comisaria y que deberá hacerse cargo del Mercado Interior, con unas responsabilidades muy reforzadas que incluyen la nueva dirección general de industria de defensa. Un cargo con mucha presión por parte de los poderes empresariales.

En la sesión de preguntas a la que la han sometido han abordado los dos puntos negros de su trayectoria política. Goulard está siendo investigada por una parte por la justicia francesa y por la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y por otra por sueldos percibidos por un think-thank norteamericano mientras era eurodiputada. Sobre la candidata de Macron pesan sospechas fundadas de corrupción, por desvío de fondos.

La Oficina Europea Antifraude y la Justicia francesa la investigan por salarios ficticios a un asistente en el Parlamento Europeo, Goulard continuo pagando el sueldo de asistente parlamentario a un miembro de su equipo que ya no ejercía en sus funciones y se dedicaba a tareas en el partido. Ella lo contrato, éste cobró pero nunca se pudo acreditar que hubiera trabajado; en una investigación interna del parlamento consideraron que se trató de una irregularidad administrativa sin mala intención y la obligaron a devolver 45.000€, cifra que se estima que pagó de manera irregular con fondos europeos. El caso continua bajo investigación. Con toda sencillez esto se llama corrupción, se aprovechó de su puesto de europarlamentaria para obtener unos réditos o políticos o económicos.

Este asunto le costó tener que dimitir como ministra de defensa en Francia a tan solo un mes de ser nombrada, ¿Estos hechos son tan graves como para dimitir de ministra en Francia, pero no lo son como para ser Comisaria en Europa?

El otro tema por el que la examinan y por el que ha sido criticada es por recibir una compensación económica o “salario extra” de 10.000 €/mensuales durante 3 años, del 2013 al 2015, por parte de un think-tank norteamericano, el Instituto Berggruen, mientras seguía ejerciendo sus labores de eurodiputada. Según Goulard era legal y lo declaró.

Seguramente es legal que un eurodiputado pueda cobrar “sobre sueldos” de empresas que aprovechan el papel y la influencia del diputado o eurodiputado para trabajar en favor de los intereses de la empresa. Legalidad que cabe cuestionarla por parte de los electores porque en definitiva la cuestión radica en si defiende los intereses de los ciudadanos o los intereses de la empresa. Los eurodiputados cobran un buen sueldo para que no necesiten venderse al mejor postor, para que las normas que aprueban en el parlamento representen el equilibrio de intereses, primando el bien común y no aprueben las normas que benefician a los más poderosos.

Aunque sea legal que un eurodiputado cobre un suelo de una empresa, resulta inmoral y nos muestra una persona con muy poca integridad moral que genera desconfianza sobre sus valores éticos y nos muestra su fragilidad moral para encarar su puesto de responsabilidad futuro como Comisaria del Mercado Interior.

¿Algún día los ciudadanos nos tomaremos en serio el deterioro o el cáncer que supone la corrupción?