Crónicas insumisas

El coronavirus y las fuerzas armadas

Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

La pandemia del coronavirus es un síntoma más de la globalización que, para mal o para bien (ha traído cosas negativas y positivas) se ha instalado en nuestro mundo. Una sociedad global que, con acierto, describió el sociólogo Ulrich Beck como la sociedad del riesgo, donde las poblaciones se encontraban indefensas ante los múltiples desastres que golpean el mundo, debido a su rápida expansión e interconexión. Así, tormentas, tsunamis, grandes incendios, accidentes nucleares (Chernóbil y Fukushima), pandemias, atentados del extremismo violento, grandes migraciones, cambio climático se diseminan instantáneamente por todo el planeta creando una fuerte alarma social.

Y ahora toca jugársela con la pandemia del Convid-19, una crisis humanitaria a la que sólo se le puede hacer frente desde la seguridad humana. Es decir, con instituciones y cuerpos que tienen como objetivo el cuidado de las personas, en especial aquellas que tienen la responsabilidad de la sanidad y los servicios sociales. Pero debido a la gravedad de la pandemia en algunos países se ha necesitado, como han hecho China, Corea del Sur, Italia y España, medidas de confinamiento que impidan la movilidad de las personas para evitar la propagación del coronavirus y que el sistema sanitario se colapsara. Para hacer cumplir esas indicaciones se han arbitrado normas de seguridad que impidan la movilidad y desplazamiento de la población para evitar la propagación del virus. Medidas de seguridad que tienen que aplicar los cuerpos de seguridad del estado. Algo que nunca debería comportar la imposición de un control securitario ni comportar la militarizado de la vida pública con la presencia del ejército armado patrullando por las calles.

Esto viene al caso porque en España algo de esto está ocurriendo. Hemos visto como se utiliza un lenguaje belicista inapropiado: campo de batalla, ganar la guerra. Y, además, se ha movilizado al ejército patrullando por las calles con subfusiles (esto sólo se hizo en los primeros días para después rectificar). También hemos visto como en las ruedas de prensa el Gobierno ha puesto a militares junto a personal sanitario como si sus capacidades fueran similares para combatir el Covid-19. No diré que el ejército no pueda ayudar, poniendo a disposición de la sociedad las farmacias, hospitales militares y su personal sanitario, también, movilizando la Unidad Militar de Emergencias (UME), un cuerpo creado para llevar a cabo ayudas ante catástrofes naturales. Pero eso no justifica que el ejército armado patrulle por las calles ni la militarización del lenguaje convirtiendo un problema social en un combate militar.

Sobre las UME pesan muchas críticas, en especial de los propios militares, que aducen que las fuerzas armadas, ni en España ni en otros países han sido creadas ni formadas para ser un cuerpo de ayuda humanitaria, sino para la defensa armada, para ser más precisos, formadas en estrategias militares y en el uso de armas para hacer la guerra.

Pero, además, mantener la UME, un cuerpo que conforman unos 5.000 militares tiene sus costes. En el presupuesto del Ministerio de Defensa, dejando aparte los costes salariales, se consignan 31 millones para su mantenimiento anual. ¿Ese gasto es mucho o es poco? Pues si se compara con el total de gasto del Ministerio de Defensa, mantener los 120.000 militares en servicio es muy poco, pues en 2019 el presupuesto de Defensa ha sido 10.200 millones. Con esto quiero decir, que la supuesta ayuda humanitaria que la UME puede prestar es más bien escasa, pues la preparación de la guerra cuesta a los españoles una cifra infinitamente superior. Y eso sin contar con el gasto militar que está repartido por otros ministerios (Industria, Exteriores, Seguridad Social, Interior), o los créditos extraordinarios que suplementan durante el ejercicio a las FAS y que conocemos en la liquidación del presupuesto, sumando todos esos otros gastos se alcanza la colosal cifra de 20.000 millones anuales.

Pero ¿qué costaría un cuerpo civil destinado a esos mismos menesteres, más o menos? Esa es una pregunta difícil de contestar considerando que los militares no se rigen por parámetros de eficiencia económica ni por derechos laborales, pues su dedicación es completa y sin horarios, por ejemplo, no tienen derecho a cobrar horas extraordinarias. Entonces, hay que considerar que su coste de mantenimiento le sale muy barato al Estado. O, por el contrario, la UME es mucho más costosa que un cuerpo civil dedicado al mismo menester, pues sólo actúa en situaciones de emergencia y cuando el Gobierno se lo requiere, y no siempre que hay una urgencia, y cuando no está efectuando alguna misión se supone que debe estar descansando en los cuarteles. Cuando un cuerpo civil siempre actuaria ante cualquier necesidad y descansaría en sus viviendas sin costes adicionales en infraestructuras y avituallamientos.

Entonces, la UME solo sirve como un lavado de imagen para las FAS, para mostrar que el ejército español es un cuerpo que presta ayuda humanitaria, que lleva a cabo misiones de paz (un oxímoron) en el extranjero y, así, presentarse ante la sociedad como si fuera una ONG, escondiendo el verdadero rostro de las FAS, ser un cuerpo destinado a hacer la guerra, pues para ello adquiere enormes cantidades de armamentos de unos costes elevadísimos bajo el subterfugio de que nos dan seguridad, pero cuando llega una pandemia como la del Covid-19 que afecta a la seguridad de la ciudadanía esos armamentos no sirven para nada, y de los 120.000 militares sólo es posible sacar a 2.622 efectivos para dar ayuda en la lucha contra el coronavirus (así lo ha indicado el general Fernando López del Pozo que dirige la operación de la UME). Mientras que el grueso de los cuerpos civiles que prestan servicios combatiendo el Covid-19 suman varios cientos de miles, pues junto al personal sanitario, también se deben sumar los servicios sociales, Cruz Roja, ONG de asistencia, guardia civil, guardia y policía urbana y autonómica, y otros cuerpos que estos días están prestando ayuda en muchos municipios.

Concluyendo: más seguridad humana y menos seguridad militar; más cuidado a las personas y menos políticas securitarias que pervierten la convivencia.