Crónicas insumisas

Covid-19 y Derechos Humanos

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Con motivo de la pandemia del Covid-19, el Gobierno decretó un Estado de Alarma para evitar el colapso que se podría producir en el ámbito sanitario por el contagio, a la vez intentar salvar el mayor número de vidas. Esto obligó a imponer duras restricciones en las libertades y derechos de la población que ésta ha acatado de manera ejemplar.

Así, se ha restringido el derecho a la libertad de movimientos, de reunión y de manifestación a la ciudadanía, aunque estas limitaciones sean transitorias. Otras han sido más polémicas, como el decreto que amparaba el seguimiento a través de los teléfonos móviles de personas portadoras del coronavirus, pues ello podía atentar al derecho de privacidad e intimidad. O el intento en Cataluña por parte del Govern de imponer un salvoconducto que acreditara no ser portador del virus, algo que afortunadamente ya ha sido retirado.

Otra cuestión que ha provocado cierta alarma ha sido el lenguaje y las metáforas bélicas de buena parte de los portavoces gubernamentales han sido una constante. Así, ha sido recurrente escuchar a militares y políticos que en lenguaje castrense se dirigían a los medios hablando de guerra, enemigo, batalla, victoria, frente, armas o de postguerra para cuando se haya derrotado el virus.

Hay que preguntarse si esto obedece a una estrategia de comunicación del Gobierno o es puramente casual. No puede ser casual porque es de suponer que el Gobierno tiene una estrategia definida cuando se dirige a la ciudadanía ante una situación tan grave como la que atraviesa el país. Entonces, hay que convenir que el lenguaje bélico es el objetivo perseguido por el Ejecutivo, y, en ese sentido, se debe entender que el protagonismo otorgado al estamento militar casi de igual relevancia que al de la salud forma parte de la estrategia comunicativa del Gobierno.

Pero en cambio, la diferencia de los medios aportados por militares o sanitarios para combatir la pandemia son abismales. Pues mientras el Ministerio de Defensa puede prestar una ayuda en transporte, instalación de hospitales de campaña o fumigación de espacios, menesteres a los que ha aportado unos 8.000 militares. El personal sanitario dependientes las instituciones públicas de la salud suman (en 2018), 513.777 personas, a las que se deben añadir el personal de otras instituciones públicas que también han prestado una ayuda inestimable.

Entonces, se supone que hay un intento deliberado de presentar al Ministerio de Defensa como un elemento clave dentro del Estado de Alarma decretado por el Gobierno, donde los militares se presentan como una de las máximas garantías de seguridad del país.

Esa constante presencia militar en la lucha contra el Covid-19 viene de cómo entiende el Estado el concepto de seguridad. En general el Estado define la seguridad como protección frente peligros y violencias que, provengan del exterior o del interior, y, en todos los casos, siempre busca su protección por medios policiales o militares con los que proteger a la población, sus infraestructuras y territorios.

En cambio, la ciudadanía, cuándo se le pregunta sobre los peligros y violencias que amenazan a su seguridad tiene respuestas muy diferentes regularmente dependientes del estatus social al cual pertenecen. Pues no tiene la misma percepción de la seguridad un sintecho, una familia monoparental o alguien que está en el paro, que una familia acomodada donde todos sus miembros tienen sus necesidades aseguradas. Las discrepancias entonces son enormes, los que reclamarán que su seguridad depende de tener un trabajo, una vivienda o sus necesidades básicas cubiertas; a la de aquellos otros que pedirán más seguridad frente al delito, aunque éste tenga índices muy bajos en la sociedad, como es el caso de España.

Entonces, es preocupante que la respuesta ante la pandemia tenga una estrategia de comunicación que proponga una seguridad donde militares y policías tengan igual importancia que los ámbitos de salud y servicios sociales. Preocupante porque es una dinámica propia de estados autoritarios que anteponen la vigilancia y control de la ciudadanía a la de preservar los derechos individuales amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.