Opinion · Posos de anarquía

La extradición del Capitán Garfio

Abu Hamza al Masri, clérigo radical preso en Reino Unido, ha apelado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para evitar su extradición a EEUU. La Justicia británica la aprobó a finales de 2007 de manera que, cuando finalizara su pena en Reino Unido, pasaría a manos estadounidenses para cumplir allí condena que podría llegar a los 100 años en una cárcel de máxima seguridad.

El Capitán Garfío, como es conocido, está acusado de apoyar a Al Qaeda. Lleva preso desde 2004 y son famosos sus sermones en la mezquita de Finsbury Park, alentando al asesinato de no musulmanes y judíos. Ni siquiera es seguro que el Tribunal de Estrasburgo admita a trámite su apelación y, en caso de aceptarla -lo decide un panel de cinco magistrados-, habrá que esperar al veredicto de los 17 jueces de la Sala Primera. Llegados a este punto, ¿debería ser extraditado a EEUU?

Sus abogados, lógicamente, están en contra, alegando que, de viajar a EEUU, Al Masri está en riesgo de ser sometido a un “trato inhumano y degradante” en sus cárceles. Y, por triste que parezca, problamente no les falte razón. Estamos a cinco meses de las presidenciales de EEUU y Obama anda prometiendo impuestos para los ricos -cuán hipócrita por su parte, volver a la carga con esta medida justo ahora-. El próximo 6 de noviembre, a pie de urna, muchos estadounidenses recordarán la reforma sanitaria como la medida estrella de la anterior campaña de Obama. Medida, por cierto, con la que ha salido reforzado en los sondeos tras su paso por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el cierre de Guantánamo y todo lo que representa fue otra de sus promesas, actualmente incumplida y sin visos de ejecutarla a corto plazo. Que sus votantes no lo tengan en consideración no quiere decir que al otro lado del Charco no lo hagamos y, mal que les pese, en EEUU no se han ganado precisamente el título de defensores de los DDHH.

Y mientras, Reino Unido sigue debatiendo la idoneidad de su Ley de Extradición, no sólo puesta en duda con casos como el de O’Dwyer o McKinnon, sino en términos generales. El diputado liberal demócrata Mike Crockart me contaba hace tan sólo unos días cómo “es urgente reformar el tratado de extradición entre EEUU y Reuno Unido”, denunciado que el actual no respeta “el principio de equidad entre los diferentes sistemas judiciales”. En el caso concreto de O’Dwyer, Crockart sostenía que “EEUU no se puede eregir como la policía de Internet”, pero iba más allá, apuntado hacia otros de los procesos de extradición más polémicos vividos recientemente en Londres: el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Crockart es tajante al afirmar que la extradición “debería haberse rechazado”. Desde su punto de vista, “las euro-órdenes de extradición sólo deberían utilizarse cuando se ha imputado un cargo y se debe juzgar al presunto culpable”. No es el caso, recordemos que Assange está acusado, pero no ha sido formalmente imputado por la Justicia sueca. Crockart insiste, “no debe utilizarse como una especie de instrumento de pesca para después fundamentar las acusaciones”.  Opinión compartida por más de un diputado en la Cámara de los Comunes.