La Democracia no es un sistema en el que el Partido Popular (PP) se mueva cómodo. Máximas como que todos somos iguales ante la ley (incluidos ellos) o que la soberanía popular descansa sobre la ciudadanía no tienen fácil encaje en la concepción de Gobierno de los de Génova. Algunos de los miembros del Gobierno nos lo recuerdan más a menudo que otros, desde la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su particular modo de entender la libertad de prensa a, sobre todo, el retrógrado ministro del Interior, Fernández Díaz, y su inclinación por la represión impune de Estado.

El último ejemplo que ilustra que el Gobierno de Rajoy estaría más cómodo en el poder hace 50 años lo encontramos en Melilla. Como ha sido sobradamente probado por ONG como Andalucía Acoge, SOS Racismo o Prodein, así como por diversos medios de comunicación, en las vallas fronterizas se han estado cometiendo sistemáticamente violaciones de los Derechos Humanos... sin olvidar cómo se asesinó a 15 subsaharianos a pelotazo limpio en la playa del Tarajal de Ceuta. Ya entonces, Interior se dedicó a mentir, manipular y ocultar la cruda realidad para que nadie asumiera responsabilidades.

Pues bien, ahora, la cartera que dirige Fernández Díaz ha borrado los vídeos que demostraban que el pasado mes de agosto la Guardia Civil realizó devoluciones en caliente a porrazos con los inmigrantes. Amaiur solicitó por escrito la visualización de estas grabaciones oficiales y el Gobierno ha tardado cuatro meses en responder y, cuando lo ha hecho, ha sido para decir que han desaparecido. ¿Por qué? Porque la ley les obliga a borrarlos pasados 30 días. Eso no justifica los cuatro meses en responder.

Sin embargo, lo más grave del asunto, es que Interior ha cometido un delito: esas grabaciones formaban parte de una investigación judicial porque, de hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha imputado al coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por aquellos hechos de agosto. Dicho de otro modo y como el PP ya hizo en la investigación de los papeles de Bárcenas, se han borrado pruebas de un juicio, lo que sin duda incrimina aún más al Gobierno y, más concretamente, a Fernández Díaz.

Lo triste de todo es que a Fernández Díaz le da exactamente igual, él hace y deshace a su antojo, saltándose la ley a su libre albedrío. ¿Qué se puede esperar de un ministro que con la Ley Mordaza legaliza las devoluciones en caliente, que los Convenios Internacionales consideran ilegales -vamos a incumplirlos-, o criminaliza la libertad de expresión? El ministro de Interior debería presentar su dimisión inmediata, con carácter irrevocable... pero nadie espera de él eso, ni siquiera el que suscribe, porque un acto tan noble choca frontalmente con la verdadera naturaleza de Fernández Díaz.

Asumido que este Gobierno es poco amigo de la Democracia, no debería suceder lo mismo con las Fuerzas del Orden. Entiendo que dar la cara públicamente con un Ejecutivo tan represor es complicarse la vida, pero todos aquellos agentes del Cuerpo que sea que quieran denunciar hechos como los vividos en Ceuta y Melilla -o en otras actuaciones de antidisturbios, por ejemplo- tienen diversos canales para hacerlo anónimamente -el formulario de contacto de mi blog, es una de ellas-. Mientras los miembros de  estas Fuerzas de Seguridad del Estado no denuncien, aunque sea anónimamente, a sus indignos superiores, serán cómplices de estos delitos, de estas violaciones de DDHH que eclipsan las buena labor que realizan en otros frentes. No se callen, denuncien y depuren unos Cuerpos de los que la ciudadanía debería tener siempre orgullo y no vergüenza, como sucede en tantas ocasiones.