El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sacaba pecho recientemente por los 12.300 millones de euros recaudados en 2014 en la lucha contra el fraude. Es para estarlo, después de que en 2012, con su recién estrenado plan anti-fraude, recaudara casi un 5% menos que en el ejercicio anterior, sin llegar siquiera a los 11.000 millones de euros. Casi es preferible que no toque nada, pues cuando interviene, los defraudadores ganan.

Aunque Montoro se ponga hueco, las cifras recaudadas son ridículas si lo comparamos con los 253.000 millones de euros en que se estima nuestra economía sumergida, es decir, un 24,6% del PIB. Mientras, tenemos que asistir a declaraciones esperpénticas de nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, exigiendo que Grecia pague lo prestado, que en el caso español asciende a 26.000 millones de euros o, como dice él, "lo que se gasta en un año España en la prestación por desempleo". Podría haberlo comparado también con el rescate a Bankia (23.500 millones de euros), por el que todavía ni un sólo directivo a pisado la cárcel y, cuando lo ha hecho, han terminado por deshabilitar al juez que lo mandó.

El grueso de la economía sumergida tiene su origen en las altas esferas y no en la clase obrera, que termina siendo un víctima/defraudador colateral. Si algo no ha interesado nunca ni en Europa ni en España es luchar contra el empleo sumergido, contra el pago con dinero negro a los trabajadores, como hacía el entonces vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

¿Qué sucede con la inspección a las grandes empresas? Que es insuficiente. Piensen que desde que empezó la crisis en 2008, la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desangrado contando con 2.200 empleados menos. Si en España contamos con casi 1 inspector por cada 2.000 contribuyentes, en países como Reino Unido o Alemania la proporción es de 1 por 862 o de 1 por 729 contribuyentes, respectivamente. Aunque en estos países la economía sumergida es menos de la mitad que en España en términos de PIB, pueden llegar a gastar hasta 5 veces más en la lucha contra el fraude.

Así las cosas, volvamos a las inspecciones a las grandes empresas: si en 2005, cuando había en torno a un 6% más empleados en la Agencia Tributaria, ésta se quejaba de que de las más de 3.000 empresas que superan los 60 millones de euros de facturación únicamente se podían inspeccionar, en el mejor de los casos, 250 al año, imaginen la situación actual... los inspectores de Hacienda del Estado estiman que entre 2010 y 2020 se habrán perdido más de 7.000 puestos en la AEAT, es decir, una cuarta parte.

No parece, pues, que Montoro esté volcado en la lucha contra el fraude y, por tanto, defrauda, decepciona a una ciudadanía que ve cómo sus sacrificios nutren bolsillos ajenos impunemente. La amnistía fiscal de 2012 es una buena prueba de ello, perdonando no sólo lo defraudado sino, además, favoreciendo el blanqueo de dinero obtenido por tráfico de drogas y armas o por trata de blancas, entre otros. La reforma del Código Penal es otra muestra, pues no olvidemos que, a pesar de haber sido solicitado por toda la oposición y la judicatura, mantiene en los 120.000 euros el umbral de delito fiscal en lugar de rebajarlo o, directamente, abre la puerta de la impunidad con la redacción de códigos éticos. Un despropósito.

Ni siquiera los resultados de la Lista Falciani son como para sacar pecho, como hace Montoro. En lugar de haber juzgado y sancionado, se ha permitido que los ricachones regularicen lo defraudado y así se han recaudado 260 millones de euros, de los que 211 millones proceden de Emilio Botín, cuyas cuentas ocultas en el BSCH rondaban los 2.000 millones de euros. No olvidemos que aquella infausta amnistía fiscal perdonaba tributar por todas las ganancias generadas en el extranjero si uno traía a España las cuentas ocultas en, por ejemplo, Suiza.

Así funciona todo lo que se refiere al fraude fiscal. Eso sí, si la Agencia Tributaria se equivoca, le sanciona por error y no hace cuanto está en su mano por notificárselo, dejando que venzan los plazos de recursos, dese por robado. Aunque la AEAT admita que la sanción ha sido un error, usted seguirá perdiendo ese dinero por no haber recurrido a tiempo. Esa es la otra ingeniería fiscal de Montoro y los suyos, aunque no precise cuánto ingresan por esta vía.