Nada bueno espera al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Su instrucción en causas como los pápeles de Bárcenas y Gürtel ya han propiciado que desde Génova se orqueste una operación para borrarle de ese mapa. Ahora, justo en el momento en que no son pocos los españoles que piden responsabilidades a Marruecos (y al propio Gobierno español) por la muerte de uno de los espeleólogos españoles, llega el procesamiento de 11 altos mandos alauitas por la causa del genocidio saharaui.

Por fin, una causa que de nuevo abrió Baltasar Garzón, prospera. Por fin un juez valiente pretende, está por ver si lo consigue, demostrar indirectamente que tanto España como el resto de la Comunidad Internacional han estado evitando la Justicia durante décadas, haciéndose cómplices de una dictadura marroquí asesina. Los testimonios de familiares de víctimas, los informes antropológicos y forenses son irrebatibles... tanto, que si la localización de las fosas encontradas se ubicaran en Srebrenica nadie dudaría que se celebraría un juicio normal, que habría sentencia condenatoria. Pero, claro, tampoco nadie duda que si el espeleólogo José Antonio Martínez en lugar de ser un españolito de a pie hubiera sido un pez gordo (o próximo), uno de esos con los que les gusta reunirse a los presidentes de Gobierno y al rey, otro gallo habría cantado...

Ahora comenzará a funcionar "la maquinaria diplomática", como les gusta llamarla a los que viven de ella, y que otros en estos casos llamamos, sencillamente, "compadreo asqueroso". Ese compadreo de los mercaderes de Derechos Humanos,  entre los que se encuentra el Gobierno de España, por el que no dudan en dejar de lado las vidas humanas, la Justicia y la dignidad, a cambio de dinero.  ¿O acaso no es este Gobierno el que se arrodilló ante China y cambió al dictado la Ley de Justicia Universal para enterrar la causa del Tíbet (2005)?

No les quepa duda que tanto el infame Mohamed VI como el sumiso ministerio de Asuntos Exteriores, con Margallo a la cabeza, parirán una nueva estrategia para escurrir el bulto, para volver a ser cómplices de un genocicio que, burocráticamente hablando, ya está siendo llevado a cabo, incluso, en territorio español. Que nadie olvide que si Marruecos disparó, fue España quien cargó el fusil con el ababndono a su suerte de los hasta entonces españoles saharauis. No vacilen en que es cuestión de días, quizás horas, que los asaltos de inmigrantes a las vallas de Ceuta y Melilla se incrementen, que comiencen a llegar nuevas pateras o que, casualmente, se vuelva a desarticular alguna célula yihadista gracias a la colaboración de las autoridades de España y Marruecos... algo que no puede enturbiarse por, total, un puñado de muertos que ya están enterrados. Ese vendrá a ser el discursos de quienes no han dudado un sólo día de esta mal llamada democracia en usar los Derechos Humanos como moneda de cambio.

Ojalá en esta ocasión, las pruebas sean tan inapelables que si el Gobierno de España pretende ser de nuevo cómplice de esta atrocidad, esté en el punto de mira interacional... de hecho, si las instituciones no estuvieran viciadas, no estuvieran tan podridas de corrupción, entorpecer el proceso que acaba de abrir el juez Ruz debería ser motivo suficiente para expulsar ipso facto a España del Consejo de Seguridad de la ONU... con el dineral que ha invertido Margallo en eso.