Ver a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía como abogados de oficio de la infanta Cristina ha generado mucha indignación entre la ciudadanía y, lo que aún es peor, ha despertado nuevas dudas y una pérdida de la confianza en la Justicia... porque, incluso cuando se aplica el texto legal a un acusado pero no así a otro, el primer caso también es injusto.

Lo más preocupante es que ni es la primera ni será la última vez que la Justicia española plantea serias dudas. Esta semana, sin ir más lejos, podemos volverlo al comprobar con el mediático caso de las tarjetas black de Bankia. El pasado 23 de diciembre, el juez instructor Fernando Andreu concluía la instrucción y en su auto proponía juzgar a 66 directivos de Caja Madrid, entre los que estarían los todopoderosos Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Entonces, el juez de la Audiencia Nacional dió un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones formularan el escrito de acusación solicitando el juicio oral o sobreseimiento de la causa.

Y hete aquí que la Fiscalía no ha movido aún un solo dedo, lo que podría provocar que a pesar de que los investigados reúnen todas las condiciones para ser juzgados, podrían irse de rositas. Esto ha provocado que UPyD, sin representación ya en el Congreso tras las últimas Elecciones Generales -lo que aún amplifica la crítica situación económica de la formación magenta-, haya optado por registrar un escrito de acusación en la Audiencia Nacional. El líder de UPyD, Andrés Herzog, habla de "responsabilidad" ante la ausencia de la Fiscalía Anticorrupción en la causa. Y no le falta razón y, por ello, más allá de colores políticos, la ciudadanía debe estar agradecida a esta formación.

Quizás este escrito le ha molestado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el mismo que se reunió con Rato y que, ¡oh, sorpresa! vio cómo la Fiscalía sí actuaba en ese caso, pero para archivar la denuncia presentada por el PSOE. ¿Qué impacto tuvo aquella reunión en la pasividad de Anticorrupción en el proceso de las tarjetas black? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, como tampoco conoceremos si tuvo algo que ver en el modo en que se desarrollan el resto de causas contra Rato.

Aireada la dejadez de la Fiscalía en el asunto de las tarjetas opacas de Bankia, quizás ahora se ponga las pilas pero, aunque así lo haga, el tufo a pucherazo judicial tardará en ventilarse, si es que lo consigue en algún momento.

ACTUALIZACIÓN (15/01/2016)

Finalmente ayer la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación contra la cúpula de Caja Madrid y de Bankia,  reclamando penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel para 66 exdirectivos de Caja Madrid. La teoría del 'pucherazo judicial', a la luz de la actuación que ha venido presentando la Fiscalía, parece no sostenerse, si bien es cierto que de los 86 directivos inicialmente investigados, 20 han quedado excluidos del proceso.

De hecho, fue en mayo del año pasado cuando el juez instructor decidió archivar la causa para 12 de estos  exdirectivos. Entre las ausencias más destacadas en este auto del juez Andreu se encontraría el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, motivo por el cual UPyD recurrió el auto del juez instructor.