El sector del taxi se ha pasado de la raya. A pesar de que sus demandas son legítimas, se han creído por encima de la ley y, lo que es peor, el Gobierno se lo ha permitido. Craso error. Diferentes colores políticos en La Moncloa (PP y PSOE) pero, tanto en el origen del problema como en su resolución, el Gobierno es el culpable.
Cualquier que haya seguido mis artículos saben que soy un fiel defensor del derecho de huelga. Sin ir más lejos, hace unas semanas volví a escribir defendiéndolo ante los ataques de la patronal hotelera, esa que tantas veces a apoyado el PP para cercenar este derecho de l@s trabajador@s. Por otro lado, también he sido defensor de la desobediencia civil, pero asumiendo sus consecuencias, claro está. Se trata de un sacrificio que uno realiza libremente para dar mayor cobertura e impacto a las denuncias sociales, pero que no están exentas de castigo.
Si miramos a l@s taxistas, éstos han perdido el norte en ambas direcciones. En ciudades como Barcelona ni siquiera han respetado los servicios mínimos, ni de emergencias. Nada. En cuanto a la desobediencia civil, se han colapsado ciudades como Madrid y Barcelona ilegalmente sin que ello haya tenido consecuencias legales para nadie.
Una huelga de taxis ya tiene un impacto enorme en una ciudad, más aún en plena temporada alta de un país eminentemente turístico como España. ¿Era necesario colapsar las ciudades? Evidentemente, no... y, desde luego, no impunemente. Lo único que ha conseguido así el sector del taxi, no especialmente bien visto entre la ciudadanía por los más diversos motivos, es que la gente le coga más animadversión.
El Gobierno es el culpable de esta huelga. El vacío legal que hubo entre 2009 y 2013, cuando se comenzaron a repartir licencias de VYC a diestro y siniestro sin regularse ha derivado en que, cuando se ha establecido la relación de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi, sobren, no salen las cuentas.
Retitar retroactivamente licencias a gente que se está ganando honradamente su pan es del todo una barbaridad. Aumentar, como propone la patronal de VTC, el número de licencias de taxis para alcanzar la proporción, también lo es porque, quizás, no hay negocio para tantos. No es sencillo el dilema al que se enfrenta el Gobierno y que han creado conjuntamente PP-PSOE. Salvando las distancias, la clase política ha sido la que ella solita, como ya hiciera con las renovables, genere un problema que ahora desemboca en una gran inseguridad jurídica.
A pesar de esta complejidad y de lo caldeados que están los ánimos, en ningún caso deberían quedar impune el acto de haber colapsado ilegalmente una ciudad. Ante una huelga de taxis, más aún con una demanda tan legítima como ésta, la ciudadanía apechuga con los problemas de transporte que se derivan y se solidarizan con la causa; de ahí, a simpatizar con ese bloqueo urbano que tantas pérdidas está suponiendo a los negocios de otras personas a las que es el verano el que les salva la cuenta de resultados, hay un trecho.
Por ello, el Gobierno debería haber tomado medidas. Pero no lo ha hecho y, en realidad, en lo referente al sector del taxi siempre lo ha hecho mal, porque gobernara quien gobernara, el Ejecutivo de turno ha sido incapaz de hacer una limpieza del sector, sacudiéndose los comportamientos mafiosos que se dan y que los propios taxistas denuncian. Esa es otra realidad, aunque en el día de hoy no toque.
Obvio la crítica en este artículo a los ataques por parte de taxistas a vehículos de VTC, incluso, con familias en su interior. Y lo obvio porque ni creo que represente el sentir general del sector ni creo que sea algo generalizado. Aplaudo esa huelga, incluso, el acto de desobediencia civil, pero con consecuencias. Es así de sencillo.