Desde la misma vuelta a la democracia tras la dictadura de Franco, España viene disparándose en los pies con balas borbónicas. Si Adolfo Suárez admitió habernos privado del referéndum que merecíamos para poder elegir nuestro modelo de jefatura de Estado, posteriormente se ha dotado a los Borbones de impunidad bajo el cuestionable eufemismo de inviolabilidad. Quizás por eso nadie espera que prospere la investigación del Tribunal Supremo sobre las comisiones supuestamente recibidas por Juan Carlos I por el AVE a La Meca. El hecho de que los letrados del Congreso vuelvan a blindar al rey emérito confirma esos temores y las calles rugen... con y sin mascarilla.
Muchas personas dirán que no es el momento, que el país tiene otros frentes abiertos, que hay que centrar los esfuerzos en otras tareas... pero en una coyuntura en la que es necesario hasta el último céntimo de euro, todos los millones que nos cuesta el régimen borbónico, sumado a lo que supuestamente -y lo indica hasta la justicia suiza- nos ha robado la famila del campechano nos vendrían realmente bien.
Dice muy poco de nuestra democracia que el jefe de Estado pueda cometer delitos a discreción sin que la ley pueda tocarlo, pueda dañar gravemente al pueblo español sin que la justicia tome medidas, sin que ni siquiera pueda investigar los hechos. ¿Qué clase de democracia es esta? La situación es un verdadero atropello para la nación, incluso, para quienes defienden la utilidad de la monarquía; para quienes vemos en esta fórmula caduca y antidemocrática una suerte de parasitismo inútil, una auténtica violación. La inviolabilidad del rey nos está violando a todas y todos, abusando de nuestra democracia, quebrantando nuestro respeto por la ley.
Con el silencio cobarde y mezquino de la Casa Real y asumido que la vieja guardia del bipartidismo, apoyado por la extrema-derecha, volverán a encubrir los posibles delitos borbónicos, todo el foco se dirige a las investigaciones del Tribunal Supremo: o éstas prosperan y lo hacen, además, de un modo realmente concluyente y transparente, o ¿qué nos queda a la sociedad civil que defendemos una verdadera democracia? Las calles.
La pandemia ya postergó las urnas que se iban a repartir por buena parte del país para realizar una consulta sobre el modelo de Estado, pero el nuevo ultraje sufrido llama imperiosamente a la acción. Si ni nuestro Congreso ni nuestra Justicia están a la altura de la democracia que merecemos, será el pueblo quien deba asumir esa responsabilidad y hacer historia.