El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) podría volver a sacar los colores a la Justicia española, afeándole cómo le ciega cierto revanchismo. Ya sucedió con Otegi, cuando el TEDH condenó a España por no haberle dado un juicio justo, algo que con la cabeza gacha tuvo que admitir el Tribunal Supremo, acordando repetir el proceso. Ahora puede ser el turno para los jóvenes de Altsasu, que han visto cómo Estrasburgo ha admitido a trámite al menos dos recursos con los que denuncian  la vulneración del derecho a contar con un juez imparcial y la denegación de pruebas durante el proceso.  La historia puede haberse repetido. En caso de confirmarse, ¿qué consecuencias habrá para quien haya cometido tamaña tropelía? Ya les avanzo yo: tanta como repercursión ha tenido esta noticia en la prensa que tachó de terroristas a los condenados.

Vivimos en un país en el que si eres gay y te matan al grito de "maricón" no se considera delito de odio, pero si tienes una pelea de bar con agentes de la Guardia Civil de paisano eres poco menos que un terrorista... o un terrorista, directamente. Eso es lo que les sucedió a los jóvenes de Altsasu, en cuyo proceso vieron cómo el tribunal no aceptaba pruebas que podrían haber inclinado el fallo hacia otro extremo. Todo indica que se produjo una sobreactuación judicial, un exceso como ya ocurriera con Otegi.

La presidenta del tribunal que juzgó este caso, Concepción Espejel, es la misma que tuvo que ser recusada del juicio de la Gürtel por sus estrechos lazos con el PP, donde recibe el trato familiar de Concha y a la que premió... y sí, rizando el rizo, con reconocimientos de la Guardia Civil, cuerpo al que pertenece su marido. El despropósito no puede ser mayor, dando como resultado una justicia pirómana.

Hay que esperar a lo que decida Estrasburgo, pero los precedentes no dicen nada bueno de nuestra Justicia a la que, por cierto, la Comisión Europa vuelve a dar un tirón de orejas por segundo año consecutivo, advirtiendo a nuestro Estado que comienza a perder la paciencia. El bloqueo que vive el Consejo General del Poder Judicial es el motivo principal de los reproches, dado que pone en riesgo nuestro mismo Estado de Derecho.

Asistir al bloqueo que ejerce el Partido Popular (PP) con el único pretexto de que no reconoce la legitimidad de Unidas Podemos en el Ejecutivo, pese a contar con el refrendo electoral del pueblo español, es una anomalía democrática que nos devuelve el argumento de que nuestra democracia, efectivamente, no es plena. De hecho, España se encuentra a la cola europea en la percepción de su Justicia, cuestionando gravemente la separación de poderes, a lo que hay que sumar el hecho probado de que la proporción de jueces y juezas por habitantes es ridícula comparado con Europa o que el sistema sigue anclado en el siglo XX, soñando aun con su digitalización, lo que demora aún más los procesos judiciales.

Asimismo, en las 26 páginas que dedica la Comisión Europea a nuestro país también muestra su preocupación por el modo en que algunos partidos políticos -como Vox- están atentando contra la libertad de prensa o la aplicación de una Ley Mordaza que, inexplicablemente, éste nuestro gobierno más progresista continúa sin tocar un ápice.

Algunos partidos que en el Congreso echan de menos la dictadura franquista utilizan la misma libertad que les da la democracia para expresar tan deleznable idea. Pese a sus nostalgias, lo cierto es que la democracia que disfrutamos nos sabe a gloria frente aquellos años oscuros, pero eso no quita para que seamos conscientes del largo camino que aún nos queda por recorrer. Cada patinazo en nuestro Estado de Derecho, y una Justicia revanchista sin duda es uno de los más grandes, nos hace retroceder, da alas a los nostálgicos y frena el progreso democrático.