El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una buena idea, algo inédito que no se había puesto en marcha hasta que, efectivamente, llegó el gobierno progregista de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos (UP). Sin embargo, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tienen motivos para estar satisfechos, todo lo contrario, hay más razones para la vergüenza: dos años después de la puesta en marcha, no ha llegado ni al 36% de las personas que se esperaba.
Decir que el IMV ha fracasado sería lo fácil, lo recurrente, lo simplón; buena parte de las más de 800.000 personas a las que sí ha llegado esta ayuda, que han visto su vida algo mejorada, nunca pueden suponer un fracaso que, en todo caso, sería del Ministerio y no del IMV.
Este número de beneficiarios queda muy lejos de los 2,3 millones que el Gobierno había estimado que recibirían la ayuda. Por si ello no fuera poco, algunos de los que sí lo han cobrado, en lugar de ver mejorada su vida, la han visto empeorada. ¿Por qué? Porque algunos gobiernos regionales, como los de Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, han decidido eliminar la renta mínima de inserción que, en algunos casos, era superior al IMV. Esta denuncia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales demuestra el compromiso real de esas Comunidades Autónomas, de todo color político, con la lucha contra la exclusión, pues ambas prestaciones eran complementarias pero prefirieron hacer caja a costa de la miseria. Terrible.
Dicho lo cual, el balance del IMV hasta la fecha es negativo. En el primer año de su aplicación, desde este mismo espacio, continué aplaudiendo la medida como un primer paso para paliar el avance de la pobreza en nuestro país. Sin embargo, obstáculos como el nivel de requisitos y la complejidad burocrática -en parte porque la Administración electrónica en España sigue haciendo aguas-, no se han resuelto en dos años desde que se iniciara la medida.
Esos dos años es un tiempo más que suficiente para que se hubieran pulido muchos errores en el esquema desplegado para solicitar y asignar esta ayuda económica, pero lo emprendido resulta insuficiente. Tan solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha podido recibir el IMV y tres de cada cuatro solicitudes se deniegan. El asunto es de tal gravedad que bien haría este Gobierno en llevarlo al Consejo de Ministros y Ministras y plantearse seriamente cómo es posible que 1.000 millones de euros destinados al IMV no se hayan ejecutado.
Vivir en la exclusión es algo terrible, enfrentarse cada día al reto casi imposible de dar de comer a tus hijos es una auténtica pesadilla que, sin embargo, todavía puede empeorar cuando se sirve en bandeja la esperanza del IMV para después arrebatarla. Por mucho que Vox lo llamara paguita, el PP la considera una medida "sectaria" y "peronista" y los obispos creyeran que generaría una panda de holgazanes, lo cierto es que el IMV fue un rayo de luz en la oscuridad para quienes viven en la exclusión. Pero esa luz no ha llegado y, dos años después, el Gobierno (PSOE y UP) y la ministro Escrivá carecen ya de crédito en esta cuestión.