Posos de anarquía

El urbanismo depredador que piensa en corto y paga en largo

El urbanismo depredador que piensa en corto y paga en largo
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, revisando los daños del temporal en compañía del concejal de Playas de Rincón de la Victoria. - Ayto. Rincón de la Victoria

Acaba de pasar un nuevo temporal por las costas del sur dejando tras de sí un reguero de destrozos. Paseos marítimos, embarcaderos, chiringuitos... todo ello a las puertas de la Semana Santa y la llegada masiva de turistas, que continúan viajando hasta estas costas con el sol y la playa como principales reclamos. Las Administraciones locales y regionales ponen ahora el grito en el cielo reclamando medidas al Gobierno de España, olvidándose ahora cómo fueron sus licencias las que posibilitaron construcciones allí donde ellas dieron permiso, pero la naturaleza no.

Esta semana se ha escuchado al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado (PP), exigir airado, notable y diría que forzadamente excitado -que eso siempre gusta más al electorado-, dos acciones al Gobierno de España: la declaración de zona catastrófica para, así, disponer de una nueva inyección económica y la puesta en marcha de un plan de estabilización de las playas. Sólo en la provincia de Málaga, los empresarios de negocios de playa, ya saben, los chiringuitos, estiman los daños en seis millones de euros.

Bien está que Salado reclame ayuda ante la incapacidad de resolver la problemática por sí solo, pero en esta intervención tan exaltada, olvidaba el presidente de la Diputación un pequeño detalle: la mayor parte de los daños son producto del urbanismo depredador que se ha producido durante décadas en las costas españolas, especialmente en levante y sur. El modo en que se ha avanzado en las construcciones robándole su espacio al mar, bajando la ribera y reduciendo la zona de protección ha tenido consecuencias indeseadas... y el mar, tarde o temprano, reclama su espacio.

En el caso concreto de los chiringuitos dañados, no son pocos los que se encuentran ubicados rozando o, directamente, incumpliendo la legalidad. Y no me refiero únicamente a los construidos antes de las modificaciones de la Ley de Costas, sino a algunos mucho más modernos, de reciente construcción con el opaco beneplácito de las Administraciones más cercanas... bien lo sabe el propio Salado que, además de presidente de la Diputación, es alcalde de Rincón de la Victoria.

Quizás por ello, a su comprensible petición de más dinero desde el gobierno central, habría que acompañar un mea culpa de "se nos ha ido la mano con este urbanismo cortoplacista". No lo hará, ni él ni el resto de alcaldes cuyos ayuntamientos miopes abrieron la barra libre de licencias urbanísticas con una estrategia cortoplacista de turisteo que termina por dañar a su gallina de los huevos de oro.

Por otro lado y en lo que respecta al plan de estabilización de playas, éste se traduce en la construcción de espigones y arrecifes artificiales cuya utilidad es más que dudosa. Es abundante la bibliografía científica que demuestra cómo estas medidas correctoras no sólo funcionan temporalmente -como también sabe el propio Salado que ya cuenta con algún espigón en su municipio- sino que terminan por trasladar las corrientes -y el problema- a localidades cercanas. También se obvia esa cuestión en las reclamaciones porque se vuelve a caer en una visión cortoplacista.

Ese modelo de gestión de hoy para mañana es nuestra condena, sencillamente, porque condena al planeta. Lo dañamos y queremos enmendar ese perjuicio con más daños. De hecho, esta misma semana hemos conocido cómo la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por seguir incumpliendo la normativa en lo que se refiere a la depuración de aguas residuales urbanas.

De nada parecen haber servido multas previas, como cuando en 2018 ya se nos condenó al pago de 12 millones de euros por los incumplimientos mayoritariamente en Andalucía -y con Málaga destacando con Alhaurín el Grande, Coín o Nerja-. Una multa, además, que sigue subiendo cada seis meses a razón de casi 11 millones de euros mientras no se resuelvan los problemas... y no se hace, como prueba la nueva denuncia por el incumplimiento de esta depuración en nada menos que 133 poblaciones, lo que pone en peligro la salud pública y contamina nuestro entorno (costas, ríos, suelos, acuíferos...). De nuevo ese cortoplacismo, esa incapacidad opaca de asumir errores propios y esas ansias de parchear ahora, que cuando se produzca el reventón quizá ya esté otro al frente... aunque el resto, sigamos aquí.

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