Mi colega Jesús Bastante destapaba el pasado martes el caso de Manuel Cociña, un cura del Opus Dei que compró el silencio de la víctima de sus "comportamientos inadecuados" por 17.000 euros con un acuerdo ante notario. Escandaloso. Sin embargo, las tropelías de la Iglesia católica parecen no tener fin, no sólo a la hora de ejecutarlas sino, además, de tratar de ocultarlas de la manera más zafia y menos cristiana. Hoy, de nuevo en Eldiario.es, nos desayunamos conociendo que como mínimo se han producido una treintena de acuerdos de este tipo, con pagos a las víctimas de hasta 50.000 euros.
La auditoría interna que está llevando en el seno de la Iglesia el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo -cuyo presidente es un reconocido miembro del Opus Dei- estima que se produjeron entre 1.000 y 2.000 casos de abusos sexuales la mayoría ocurridos en los años 70 y 80 del siglo XX. La horquilla es tan grande y los intentos de situarlos en el pasado tan descarados, como si no se produjeran en esta década, que los resultados llaman a la desconfianza. Si a ello, además, le sumamos los pagos bajo cuerda como los efectuados ya en pleno siglo XXI para ocultar el despreciable comportamiento de Cociña, cualquier vestigio de credibilidad de esa institución se desploma.
Quienes aún a día de hoy tratan de dictar a quién debemos amar y cómo hemos de relacionarnos con el prójimo se saltan a la torera su propio predicamento. Incluso a quienes no practicamos su fe, la Iglesia pretende marcarnos el paso mientras buena parte de sus miembros con sotana traicionan su catecismo, cometen delitos sexuales, mienten y ocultan la verdad durante años. La hipocresía y el cinismo de quienes han actuado de este modo, bien por acción o por omisión, es abominable.
Los maristas son, de largo, la orden religiosa que más casos de abusos sexuales acumula en España, al menos de los que han salido a la luz. Aventurarse en esta cuestión a indicar el proceder a las víctimas es temerario, inapropiado, pero no cabe duda de que visibilizar los abusos contribuye a desenmascarar a esa parte de la Iglesia vil y depredadora.
La desconfianza que despierta la auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo es evidente, incluso, entre las propias víctimas. Por este motivo, hacer públicos casos como el del escritor Alejandro Palomas allana el empinado camino a otras víctimas que décadas después continúan padeciendo las secuelas de los abusos. Durante demasiado tiempo, la Iglesia ha contado con la credibilidad de su parte y con un músculo económico capaz de ocultar sus atrocidades. Eso se acabó. Los casos de abusos que salen a la luz llaman a otros casos, se unen, forman frente común y dotan de entidad a las causas para su judicialización.
Las sotanas remangadas, sujetas con un clip de billetera, han de tener sus días contados. Asumido que los depredadores con alzacuello ni son capaces de cumplir penitencia ni de asumir su culpa -ni siquiera ante su dios-, su propia comunidad, esto es, la iglesia no como institución, sino como colectivo católico, debería esmerarse más y dejar de rasgarse las vestiduras victimizándose cuando son sus curas quienes han sido los agresores. En lugar de agitar los fantasmas de una cruzada anticatólica que no existe, harían bien en dejar de mirar a otro lado, porque estar en las nubes no es lo mismo que ir al cielo.