Ha pasado más de un año desde que Marruecos utilizara a cientos de menores, impulsando su cruce de la frontera sur por Ceuta, con el único propósito de poner en jaque a España. Entonces, ambos países volvieron a enterrar varios metros bajo tierra el respeto por los derechos humanos, por el mismo derecho internacional. Las ONG que trabajan en el terreno alertaron y probaron cómo se realizaron devoluciones de menores en caliente, sin asesoramiento legal, saltándose las leyes. Nadie ha pagado por ello, salvo los niños cuyos derechos fueron vulnerados.
La jugada estaba estudiada milimétricamente, como una suerte de escenificación de cuán sencillo sería protagonizar una nueva Marcha Verde, como hiciera Hassan II cuando invadió ilegalmente el Sáhara Occidental. Mohamed VI ganó la partida, porque apenas unos meses después, Pedro Sánchez legitimó la invasión ilegal del Sáhara y obvió los asesinatos, torturas y vejaciones de Marruecos contra el pueblo saharaui. A cambio, no habría Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla... al menos durante un tiempo, porque la exministra española María Antonia Trujillo, reconvertida en vocera alauita -posiblemente con los bolsillos llenos de dirhams-, delata el deseo de Marruecos de engullir a las dos ciudades autónomas.
Con ese trueque como telón de fondo, España vulneró los derechos de más de medio centenar de menores. Tanto el gobierno ceutí como el Ministerio del Interior eran conscientes de estar pisoteando la ley al ejecutar estas devoluciones en caliente. El pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, María Isabel Deu, descargó toda la responsabilidad de estas devoluciones en Interior. No es para menos, está en juego su cuello, porque está siendo juzgada por un delito continuado de prevaricación.
A nadie se le escapa que tamaña barbaridad jamás pudo ser llevada a cabo sin el conocimiento de Interior o, como indican desde el gobierno ceutí, directamente a su dictado. Con la declaración de la delegada de Gobierno en Ceuta suspendida, todavía no se han depurado responsabilidades en la cartera que lidera Fernando Grande-Marlaska, cuya mano negra parece cubrir toda esta operación ilegal, como suele decirse, por acción u omisión.
Convertido por Sánchez en el nuevo Ábalos, esto es, en el 'come-marrones' al que no dudará en despachar cuando esté quemado, Marlaska hace tiempo que debería haber dimitido por una cuestión de higiene democrática. La quemazón del ministro ya es absoluta, pero seguramente aún le habrán de quedar un par de sapos que tragar antes de que Sánchez considere que es hora de soltar lastre. Ya no es sólo que su política en materia fronteriza sea digna de estudio de cómo violar el derecho internacional de manera impune, sino que escándalos como las escuchas a independentistas con Pegasus o el pago económico o con beneficios a activistas catalanes pendientes de juicio para convertirse en informantes, como relataba ayer Miquel Ramos, acorralan cada vez más a Marlaska.
El hecho de que casi un año y medio después no haya rodado ninguna cabeza por las devoluciones de menores nulas de pleno derecho en la frontera sur es un escándalo, pero más aún lo es que únicamente se tantén cargos autonómicos y no se apunte más alto, al Ministerio del Interior aún cuando se indica que era quien dictaba las órdenes. La tragedia vivida en Melilla el pasado mes de junio, en la que más de una veintena de personas migrantes fueron asesinadas, no es la gota que colma el vaso porque, sencillamente, hace ya demasiado tiempo que rebosó. El ministro mintió, y Público lo demostró, al negar que policías marroquíes traspasaran la frontera, entrando en suelo español para apalear a placer a los migrantes. Su defensa pública del proceder de las fuerzas de seguridad ese día, junto a sus mentiras, le valieron una citación ante el Parlamente Europeo para dar la explicaciones oportunas. Citación que no era vinculante y que, como cabía esperar, se ha saltado a la torera.
Marlaska aterrizó en Interior como ministro estrella directo de la judicatura y ha terminado utilizando sus fundamentos jurídicos para dejarlos ir por el sumidero. A su favor cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, que inexplicablemente mira para otro lado, tapando una cartera tan crucial como Interior y que, sin embargo, ha pasado a tener casi una relevancia de serie B.