El Partido Popular (PP) no concibe la democracia como un fin, como un marco de convivencia y libertad, sino que lo asume como un medio para conseguir el poder y, como tal herramienta, prescindible de ella cuando no le resulta útil para sus oscuros propósitos. Llevo años manteniendo esta máxima y exponiéndola en este espacio. La realidad vuelve a darme la razón, con un PP desbocado, que no atiende a las reglas más básicas de nuestra democracia, que desobedece, desacredita, conspira e impone sus criterios donde gobierna. No es antisistema, es autoritario.
A diferencia de lo que hacen los populares con otros partidos, su legitimidad para participar en la vida democrática, incluso para gobernar, nunca han sido puestas en duda por la izquierda, a pesar de su innegable herencia franquista, con un presidente de honor ministro de la dictadura genocida. Quizás este es uno de los motivos por los que el PP se ha creído impune, ha pensado que podía imponer sus propias reglas en el tablero democrático para amarrar el poder y que una minoría exprima al país.
En el pasado hemos asistido a la promulgación de leyes más propias del franquismo como la Ley Mordaza -que tristemente mantiene el PSOE- o cómo se utilizaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perdurarse en el poder, trabajando para las cloacas del Estado. En esta legislatura, el PP ha dado un nuevo giro de tuerca, acudiendo a la misma Unión Europea, que termina por desprestigiar, para exponer falsas denuncias del Gobierno de España que después la Comisión Europea descarta.
Estos últimos años hemos asistido a gobiernos autonómicos como el de Madrid queriendo asumir competencias educativas que no tiene o a otros como el andaluz desobedeciendo sentencias judiciales, al Gobierno de España y a Bruselas, yendo en contra de todo el consenso científico en torno a Doñana. Llevamos años con la Constitución amenazada por el PP, que la incumple paralizando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha avanzado su intención de incumplir una ley estatal, como la Ley de Vivienda. Lo vivido ayer en la Puerta del Sol, expulsando a un ministro de la tribuna de autoridades, sencillamente, por haber dado la cara por las familias damnificadas y olvidadas por Ayuso tras las obras de la línea 7 del metro de Madrid, es casi anecdótico, aunque define su calaña. Resulta mucho más grave la conspiración de Feijóo con los fiscales conservadores, incumpliendo las normas más básicas de higiene democrática.
En la España actual no es preciso ruido de sables para percibir las ansias golpistas; esta voracidad por el poder es más sutil, socavando poco a poco libertades, privilegiando a grupos de influencia y maniobrando en la oscuridad con quienes empiedran el camino hacia el poder. Una trayectoria en la que el cumplimiento de la ley no es imperativo, resulta más bien accesorio. El PP juega sucio y la misma democracia se convierte en una lucha desigual, pues del mismo modo que un ciberdelincuente suele ir un par de pasos por delante de la policía porque, a diferencia de ésta, puede saltarse todas las leyes, el PP obvia el Estado de Derecho, acudiendo a las urnas, incluso, dopado con financiación irregular.
Llegados a este punto, la salvación pasa por el pueblo, por el criterio de la ciudadanía que desde el PP buscan dividir a toda costa con manipulación, retorciendo estadísticas, descalificando, incluso, a los organismos internacionales o la Comisión Europea que avalan las medidas del Gobierno. Los poderes públicos han de estar a la altura, pero la ciudadanía también, pues comparten responsabilidad defendiendo la democracia que tanto sufrimiento nos costó y que ahora quienes comparten ADN con los que nos la arrebataron un día, quieren volver a hacerlo.