No descubro nada nuevo si afirmo que en España tenemos un serio problema con la separación de poderes y, particularmente, con el Poder Judicial. En este artículo tan sólo me limitaré a ilustrar esta lamentable aseveración con el caso de Enrique López, el todavía consejero de Presidencia, Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid. Llegó como un fichaje estrella de Isabel Díaz Ayuso pero, después de que en la guerra intestina del PP López se posicionara del lado de Pablo Casado, su pena de muerte política estaba vista para sentencia.
Tras las pasadas elecciones del 28 de mayo, Ayuso espera atizar la estocada definitiva a López sacándolo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada que sorprenda a propios y extraños conociendo el carácter tirano de la presidenta, ni siquiera al propio López, que recurrirá al comodín de la Audiencia Nacional de donde vino. El anuncio de la baja del PP por parte del consejero de Presidencia el pasado mes de febrero iba, precisamente, en esa dirección, allanando el camino de vuelta a la judicatura.
Además, no se trata de cualquier vuelta, en su caso, a la Sala de lo Penal, donde ejercía antes de ser reclamado por Ayuso, sino que lo quiere hacer por la puerta grande, presidiendo esa misma sala dado que el cargo está vacante desde la salida de Concepción Espejel al Tribunal Constitucional. Se cierne un oscuro nubarrón sobre la Audiencia Nacional y mucho me temo que descargará tormenta.
Es evidente que los jueces y juezas, como cualquier persona, tienen ideología y se inclinan más o menos por determinadas tendencias políticas. En el caso de López, no se trata de una cuestión de intuición, sino de hechos consumados, pues ha militado en el PP. El cuestionamiento de su imparcialidad de vuelta a la judicatura ni siquiera viene por esa militancia o por haber ejercido puestos de consejero bajo las órdenes de Ayuso –aunque podrían bastar-, sino por la contundencia con que actuó como martillo pilón de los desvaríos de la presidenta.
¿Qué imparcialidad se puede esperar de un juez que ha tachado al Gobierno de España de "abandonar" a las víctimas del terrorismo para "plegarse a Bildu por cinco votos"? ¿Cómo encajar que un magistrado cargue contra un partido constitucional y se haya dedicado durante años a tratar de deslegitimar al Gobierno de España elegido democráticamente? La lealtad al Estado de Derecho y a la Constitución ha de prevalecer, se sea juez o consejero de un gobierno autonómico.
La inquietud que despierta López va, incluso, más allá de su evidente partidismo. Es una cuestión de derechos fundamentales, pues si consigue su propósito, padeceremos como presidente de la Sala de Lo Penal a un juez que entiende que una de las labores del gobierno de España es hacer sentir españoles a los jóvenes.
Por si esto no fuera poco, no puede obviarse que durante la Comisión de Investigación del Congreso que se ocupaba a la 'operación Kitchen', el propio López no sólo admitió haber puesto en contacto a Agustín de Diego, enlace del extesorero del PP, y Luis Bárcenas con el abogado que trabaja para el PP Jesús Santos; sino que lo enmarcó dentro la normalidad, a pesar de que cuando se produjeron los hechos era juez de la Audiencia Nacional. Desde su punto de vista, se trató de un acto de su "ámbito privado por lo que no tengo que dar cuentas a nadie ni a nada".
¿Puede López aplicar el Derecho con imparcialidad a pesar de su historial político? Todo es posible en el plano teórico, como pensar que la propia Ayuso va a dar un vuelco en sus políticas esta legislatura y dejará de desguazar la Sanidad Pública... pero no es realista. Lo dicho, tenemos un serio problema en España con la separación de poderes. Y va a peor.