La marcha de Unidas Podemos de Meri Pita para unirse al Grupo Mixto debería llamar a la reflexión, más allá de evidenciar la debilidad de la coalición morada al contar ahora con dos votos menos en el Congreso, tras no haber cubierto la vacante del escaño arrebatado a Alberto Rodríguez. La justificación que esgrime Pita para su abandono es la imposibilidad de defender en la Cámara Baja los intereses de las Islas Canarias, a pesar de ser diputada electa por Las Palmas. No es la primera vez que se enciende la luz de alerta de lo complejo de llevar los intereses de determinadas regiones al Congreso. Y no será la última.

Nuestra ley electoral -a todas luces mejorable- nos obliga a votar a nuestros representantes en función de nuestra provincia, de manera que si uno vive en Badajoz únicamente podrá votar a los candidatos de Badajoz, gusten o no, si quiere apoyar a un partido determinado. Y muchas veces no sólo no gustan, sino que se desconocen, porque por un lado la implicación activa de la sociedad en política cada vez es menor y, por otro, con frecuencia los partidos confeccionan sus listas con ingeniería electoral, colocando a candidatos o candidatas ajenas a la provincia pero que han de ir en puestos de cabeza para asegurar su presencia en el Congreso.

Lo curioso de este sistema provincial es que, una vez arrancada la legislatura, defender los intereses del territorio por el que se fue elegido o elegida es misión imposible para quien lo intenta -que los hay que ni eso-. Cuando la región a defender presenta la singularidad del archipiélago canario, el desafío aún es mayor. Los partidos nacionales, de hecho, no acostumbran a cubrir estas demandas, como denuncia de nuevo Pita, que ya en octubre  de 2020, en este mismo periódico, daba un toque de atención a la dirección de Podemos.

Ya en su día, su compañero canario, Alberto Rodríguez, apuntaba durante la entrevista realizada por Gonzo que "la política hecha desde dentro de la M-30 tiene sus limitaciones". Y vaya si las tiene, tantas que pareciera que para las provincias más peculiares, ya sea por lejanía, población, nivel económico... se antoja como la mejor salida constituir un partido regional que juegue en el terreno de juego nacional. Así, en el caso de las Islas Canarias, Coalición Canaria ha conseguido arrimar el ascua a su sardina al convertirse en clave para, con sus escaños, sacar adelante votaciones tanto de gobiernos del PP como del PSOE. La estrategia de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, proyectada en otras Comunidades Autónomas, sacando tajada a cambio de su voto.

De ese mismo parecer también es Teresa Rodríguez, otra exPodemos que denunció las presiones de los partidos nacionales a nivel regional. El choque entre las políticas que se le pretendía imponer desde Madrid para Andalucía terminó detonando su salida, alimentando la creación de un partido regionalista que tratará de presentarse a las próximas Elecciones Generales para defender a esta región en la Cámara Baja. Por lo pronto, en las elecciones autonómicas de este año, Adelante Andalucía no se ha sumado a la coalición del resto de fuerzas progresistas -salvo PSOE- para tratar de arañar representatividad a la derecha y la extremaderecha.

En esta misma línea, los regionalistas que han ganado procuradores en las últimas elecciones de Castilla y León también avanzaron su intención de acudir a las Generales, del mismo modo que Teruel Existe logró hacerse un hueco en la última  cita electoral nacional. Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿se autodiagnostican los grandes partidos? ¿Se han preguntado por qué se producen tantas denuncias de minusrepresentación en el Congreso por parte de determinadas regiones?

El hecho de que quienes supuestamente representan a una provincia vivan en realidad en Madrid debería ser suficiente prueba para demostrar que el sistema falla. Ni el diputado o diputada conoce muchas veces la región que le dio el escaño, ni a la inversa, siendo indiferente que hubiera concurrido en listas de una Comunidad a 500 kilómetros de distancia. Esta circunstancia atomiza aún más el Congreso y es síntoma de la incapacidad de los grandes partidos por oír internamente todas las voces -cuando éstas se alzan- porque, en algunos casos, la anomalía democrática se ha interiorizado de tal manera que ni siquiera se plantea.