Se tiende a hablar del lobby de las energéticas para ilustrar las presiones que ejercen ciertos grupos de poder en quienes nos gobiernan y legislan. Sin embargo, existen otros negocios a cuyas presiones ceder es aún más inmoral. El negocio de las armas es muy lucrativo para España, sin importarle si el destino de éstas es masacrar a población civil. Ha sido así desde hace años, tanto con la derecha como con la izquierda gobernando el país y, en ambos casos, haciendo todo lo posible por ocultarlo... en vano.
Durante la última Comisión de Defensa y gracias a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se emitió un dictamen que solicitaba acabar con el secretismo en torno a las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Ahora, además, se suma Amnistía Internacional, que se ha dirigido por escrito al Gobierno para que haga públicos los controles de las armas vendidas a Arabia Saudí. No parece de recibo, según los propios datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, que de las 113 licencias de exportación de armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes entre 2020 y 2021 únicamente se haya realizado este control a nueve.
Uno podría esperar que un gobierno de derechas, especialmente uno como el de Mariano Rajoy, que nombró ministro de Defensa a un Pedro Morenés con claros vínculos con la industria armamentística, realice estas exportaciones sanguinarias; pero con la izquierda cuesta más encajarlo. Sin embargo, es una realidad que, aquí y en otros puntos del globo, en determinadas circunstancias los considerados más progresistas miran para otro lado en lo que a los derechos humanos se refiere. Lo vimos, por ejemplo, con una Administración de Barack Obama, 'campeona' de los asesinatos con drones o, como les gusta llamarlo en EEUU, "muertes extrajudiciales".
La ciudadanía tiene derecho a saber si su Gobierno está participando, directa o indirectamente, en la masacre o represión de seres humanos, algo que parecen no terminar de encajar ni el PP ni el PSOE y que compañeros como Danilo Albin llevan años denunciando con sus informaciones. No se trata únicamente de exportaciones de armas, sino también de toda suerte de material para la represión en países como Chile, Perú, República Democrática del Congo (RDC) y Túnez. Hace unos años, mi colega Pol Pareja revelaba en Eldiario.es cómo Marruecos es uno de los mejores clientes de España en lo que a material bélico se refiere.
Según esta investigación, que posteriormente recogió el documental Ocupación S.A., entre 2012 y 2019 España habría exportado a Marruecos material bélico por valor de más de 500 millones de euros. La mayor parte se emplea para reprimir a la población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado. Pareja descubrió cómo la naviera gallega Rodman exportó ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles. Otra empresa española, Urovesa, nutre al régimen de Mohamed VI con vehículos blindados para reprimir las protestas pacíficas saharauis en ciudades como El Aaiún, Smara y Dajla, vigiladas vía satélite gracias a la tecnología que otra española, Indra, participada directamente por el Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), suministra con un contrato de 6,3 millones de euros.
La moralidad que se destila en España en lo que a armas se refiere brilla por su ausencia. El año pasado, el Informe 48 del Centre Delàs revelaba cómo Navantia era una de las compañías españolas cuya producción tenía como destino Arabia Saudí y Emiratos Árabes y, al mismo tiempo, como ella era receptora de la financiación que aporta una parte de la banca española a la industria armamentística: hasta 8.686 millones de dólares entre 2015 y 2019, con entidades como BBVA y Banco Santander como los grandes financiadores. Concretamente, el informe denuncia cómo estos dos bancos españoles inyectaron más de 5.200 millones de dólares a empresas que arman a los principales ejércitos involucrados en la guerra en Yemen. Meses más tarde, conocíamos otro informe de Pax y ICAN que nos avergonzaba como país al situarnos en el sexto puesto de un total de 31 países analizados: sólo Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell destinaron casi 16.200 millones de dólares a la industria armamentística en los últimos años.
Algo tiene que cambiar: o bien poner coto a estas exportaciones y financiaciones cuyo destino es asesinar o pisotear los DDHH de población indefensa o bien admitirlo públicamente, asumiendo que se mercantiliza sin pestañear con vidas humanas. Organizaciones pacifistas, ONGs defensoras de los DDHH y ahora también el Congreso reclaman más transparencia. Buena parte de la ciudadanía no quiere ser financiadora de la muerte y la represión con la que se están lucrando algunos y, si involuntariamente es obligada a serlo, tiene derecho a saberlo para tratar de evitarlo después moviendo sus ahorros de entidad o cambiando el sentido de su voto cuando acudan a las urnas. Eso es democracia; lo otro, un simulacro.