España nos abofetea de vez en cuando con contradicciones que nos despiertan de ese sueño de Estado de derecho ideal, devolviéndonos a la realidad imperfecta en la que quienes perdemos somos las personas tolerantes. Una de estas bofetadas viene de la mano de los grupos ultracatólicos como el quebrado Hazte Oír, que continúa acosando a las mujeres que acuden a clínicas abortivas. Lo hacen sin repercusión legal alguna, a pesar de que desde el pasado mes de abril nuestro Código Penal lo penaliza.
Imaginen concentraciones a las puertas de lo seminarios -cada vez más desocupados- y de las iglesias católicas con pancartas en las que se rezara "de la Iglesia también se sale" o "entre cigarrillo y cigarrillo, monaguillo". Visualicen en su mente a grupos de personas en la puerta de los templos lanzando pancartas con las torturas y masacres que la Historia nos ha demostrado que ha cometido la Iglesia o lanzando pequeños muñecos de sacerdotes sodomizando a menores. Piensen en alquilar un local enfrente de una catedral con la fachada forrada de los obispos y papas que se han codeado con sanguinarios dictadores.
Cualquiera de esas escenas, seguramente, le parecerán una barbaridad. Precisamente por ello, ninguna de ellas se produce, porque quienes no comulgamos con la religión y mucho menos con la Iglesia católica respetamos a quienes sí lo hacen, pese a levantar su fe y su apoyo a una institución sobre presupuestos falaces, obviando hechos horribles probados. Además, en el hipotético caso de que alguien tuviera la ocurrencia de realizar alguna de esas acciones, sería inmediatamente denunciado y juzgado, pues vivimos en un país en el que se desperdician los escasos recursos judiciales para sentar en el banquillo a quien se caga en dios.
No sucede lo mismo con quienes acosan a mujeres que acuden a estas clínicas, ejerciendo sobre ellas una agresión psicológica inaceptable. No tendría que haber sido necesaria siquiera una modificación del Código Penal, pero cuando explícitamente se tipifica el delito, resulta inaudito que se comentan estas acciones impunemente. Las prácticas que llevan a cabo no distan en absoluto de las expuestas irónicamente en este artículo contra la Iglesia católica. Mirar para otro lado, como colectivos feministas denuncian que se está haciendo, no sólo inflige más daño a mujeres que justamente atraviesan uno de los momentos más duros de sus vidas, sino que abre la puerta a una respuesta ciudadana que pudiera no ser necesariamente pacífica.
Cuando las personas se sienten indefensas, especialmente cuando en situaciones de vulnerabilidad asisten a una aplicación laxa del Código Penal -o que ni siquiera se aplique- parece lógico esperar que busque defensa por sus propios medios. Harían bien las autoridades en no relajarse con este tema para evitar situaciones que haya que lamentar aún más, puesto que las escenas que se viven en clínicas abortivas de toda España ya son suficientemente vergonzantes.
Por otro lado, no es la única bofetada que recibimos a cuenta de estas concentraciones despreciables: con una Ley Mordaza que inexplicablemente -e imperdonablemente- no ha sido todavía derogada y que impone sanciones arbitrarias por protestas pacíficas que no vulneran derechos fundamentales como sí hacen los ultracatólicos, éstos amenazan, amedrentan y acosan a colectivos vulnerables sin que caiga sobre ellos el peso de la ley. En este escenario, uno trata siempre de no generalizar en la descripción de ciertos Cuerpos, pero el cúmulo de excepciones comienza a ser tan numeroso que define un patrón... y comienzan a no quedarnos mejillas para tantas bofetadas.