Opinion · Punto de Fisión

Patente de corso

Han tardado cinco o seis años, pero la Dirección General de Policía finalmente ha admitido que estaba al tanto de la Operación Kitchen, que había un operativo policial dirigido por el ministerio del Interior con el comisario Villarejo al frente que usó dinero de los fondos reservados para investigar a Bárcenas y encubrir la financiación ilegal del PP en toda España. En Público llevamos años diciéndolo: en cualquier otro país más o menos democrático esto de que la policía se dedique a limpiarle la mierda a un partido político sería un escándalo mayúsculo y provocaría detenciones en cadena, pero aquí los escándalos no pasan del medio campo o del chalet de Pablo Iglesias. Mucha suerte han tenido en la Audiencia Nacional con que les hayan enviado un escrito en lugar de enviar a un Torrente de la vida, con gafas de sol, lamparones en la camisa y un palillo en los dientes, entrando en los juzgados de una patada en la puerta y diciendo: “Sí, hemos sido nosotros. ¿Pasa algo?”

En otros países más o menos democráticos hay una sección llamada Asuntos Internos, es decir, una policía que investiga a la policía, pero aquí no hay presupuesto para eso y la policía hace lo que le da la gana, que es joder al personal, mayormente. Por ejemplo, en el municipio de Calviá, en Baleares, un montón de agentes se dedicaban a ejercer de guardia pretoriana para el empresario Bartolomé Cursach, quien gracias a los principios neoliberales del libre mercado y a la Mano Invisible de la policía pudo deshacerse de toda la competencia de la zona. Ayer mismo un juez ordenó requisar los móviles de varios periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca, no fuesen a adelantarse a los acontecimientos y publicar más noticias de las que debieran. Bastante era ya con que nos hubiéramos enterado que muchos de los polis implicados disfrutaron de juergas con putas y drogas, y que algunos acabaron de directivos en sus empresas.

Recuerdo una tarde, hace ya muchos años, en que mi novia de entonces me llevó a una fiesta en casa de una amiga donde un policía nos contó sus aventuras en moto a través de la noche madrileña. La narración se fue poniendo estupenda y, para amenizarla, el hombre sacó la pistola reglamentaria, salió al balcón y se puso a pegar tiros al aire, apuntando hacia la Casa de Campo. Me terminé la copa, cogí a mi novia del brazo y me despedí pretextando que tenía mucha prisa; mientras bajaba las escaleras no dejaba de preguntarme dónde habrían caído aquellas balas que, por pura mala suerte, podían haber matado a cualquiera que estuviera paseando por el parque a aquellas horas. A la semana siguiente, la amiga volvió a invitarnos pero preferimos declinar, sabia decisión que nos evitó una visita a la comisaría, una mención en los periódicos y quién sabe cuánto más, después de que el poli y un amigo suyo se bajaran de la furgoneta para inquirir por qué el conductor había mirado de más a una de las chicas que los acompañaban, lo sacaran por la ventanilla y lo mataran a hostias.

Ayer mismo salió publicada la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid había condenado a pagar tres mil euros de multa a un guardia civil, de baja por depresión y en tratamiento psiquiátrico, por vaciar el cargador desde su ventana contra unos vecinos de Tetuán, borracho perdido. Es lo que tiene la policía en España, mucho peligro y patente de corso.