Digamos que usted va circulando de noche por una carretera de Teruel, con las luces apagadas y en sentido contrario, cuando dos agentes de la Guardia Civil le ordenan detenerse. Digamos que a usted, que va de parranda con un amiguete suyo, no le da la gana de parar y acelera para que los guardias civiles quemen neumáticos a rebufo de su tubo de escape durante unos 30 kilómetros, saltándose semáforos y señales de tráfico. Digamos que finalmente lo arrinconan en un camino, pero su amiguete saca una escopeta por la ventanilla encañonando a los guardias mientras usted da marcha atrás y embiste el vehículo de la Guardia Civil provocando lesiones en el cuello a uno de los agentes. Digamos que localizan su coche cinco horas después del incidente, que posteriormente uno de los agentes lo reconoce como el conductor que marchaba en sentido contrario sin luces, que se dio a la fuga y que arremetió contra los agentes marcha atrás.

Digamos, además, que se inicia un proceso penal contra usted donde lo condenan a 30 meses de prisión por los delitos de conducción temeraria y atentado a la autoridad, todo un clásico etarra. Digamos que, algún tiempo después, la Audiencia Provincial de Teruel lo absuelve por considerar que las identificaciones de los testigos, incluido el guardia civil, no fueron concluyentes. Digamos que los magistrados de la Audiencia Provincial prefirieron creer, en lugar de a un agente de la autoridad, a unos cuantos amiguetes suyos que declararon que usted estaba en Madrid en el momento de los hechos (declaraciones que hicieron reír a los anteriores jueces) y que el coche, de su propiedad, iba solo, a su aire, o conducido vete a saber por quién. Digamos que el Tribunal Constitucional se lava las manos en todo este asunto y que aquí paz y después gloria. No me diga más, no hacen falta más datos: usted es Francis Franco. Enhorabuena.

No sé si ha quedado bastante claro que, según el código penal español, todo este jolgorio impresionante, que incluye amenazas con arma de fuego, desprecio de la ley y agresión flagrante a la autoridad, debería haber sido considerado prácticamente un atentado terrorista o primo hermano: por mucho menos de eso, por una pelea de bar a puñetazos y patadas, unos muchachos de Alsasua llevan 3 años pudriéndose en la cárcel. Es un caso para que lo investigue Iker Jiménez en lugar de esas chuminadas de autopsias a marcianos con que da la brasa la noche de los domingos. A lo mejor España es un destino jurídico en lo universal, o a lo mejor va a ser verdad la historia ésa de que Teruel no existe.

Lo más terrible de esta burla a la justicia es que ya estamos acostumbrados, asqueados, más que resignados a aceptar sentencias grotescas como la de los ordenadores borrados a martillazos en la sede de Génova o la imposibilidad de descubrir quién diablos será el misterioso "M. Rajoy" de los papeles de Bárcenas. Por otra parte, las barbaridades con el código de circulación son el pan nuestro de cada día en un país donde la ley lleva gafas para distinguir a los ciudadanos corrientes y molientes de los infractores con pedigrí y derecho de pernada. Lo vimos con el atropello descomunal de Esperanza Aguirre en la Gran Vía y con el currículum automovilístico de Ángel Carromero, que incluye 42 multas y una condena por homicidio en Cuba que le costó la vida a dos disidentes políticos. Lo acaban de nombrar director de Coordinación General de la alcaldía madrileña y espera que no lo asciendan a la Dirección General de Tráfico. Como para sacar al otro Franco un día de donde está mal aparcado.