Hay tantas cosas que no funcionan y tantos artículos pendientes de revisión en la Constitución de 1978 que todavía no se entiende cómo el animalito no venía con un manual de instrucciones o, al menos, con una garantía de devolución. A lo mejor el mamotreto estaba bien para el momento en que se redactó, aunque ya salió con varios defectos de fábrica, como ese artículo tan gracioso que reza que el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, o esos otros artículos no tan vistosos que sugieren que los violables somos casi todos los demás. Lo de la inviolabilidad real, más que a 1978, suena a 1984, a 1356, a Carlomagno, a Teodorico o a Calígula, probablemente porque, según el horóscopo chino, 1978 fue el Año del Caballo.

Por ejemplo, el célebre artículo 14 -el cual garantiza que los españoles somos libres ante la ley sin distinción de nacimiento, sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia-, queda bastante coceado después de contemplar los peculiares comportamientos de la familia colocada al frente de la jefatura del Estado. No obstante, tampoco hace falta recurrir al folklore borbón para atestiguar injusticias tan flagrantes como la brecha salarial, un asunto pendiente desde hace decenios que demuestra que en España la discriminación por género sigue siendo una realidad de lo más tozuda. Da igual que se multipliquen los ministerios o que se inventen departamentos destinados a equilibrar las cosas, porque la brecha salarial no parece ser competencia directa del Ministerio de Igualdad, ni del de Trabajo, ni del de Economía, ni del de Asuntos Sociales, ni del de Hacienda, ni de ningún otro; así como tampoco del Senado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos o los servicios de Protocolos y Festejos.

Los estudios más optimistas calculan que hay medio centenar de artículos esenciales de la Constitución Española que o no se cumplen o sólo sirven de matasuegras. Son, entre otros, los referidos a la libertad religiosa (artículo 16, exclusivamente copado por la iglesia católica); el derecho a la educación (artículo 27, con miles de millones perdidos en los presupuestos para las universidades en beneficio del fútbol, los toros y otros espectáculos); la distribución equitativa de la renta (artículo 40, tan obsoleto que actualmente la desigualdad económica en España crece a un ritmo vertiginoso, tan sólo comparable al de Estados Unidos); el derecho a la sanidad pública (artículo 43, sobre el que más vale echar un tupido velo o, más apropiado, un sudario); el fomento de las investigaciones científicas (artículo 44, un puto chiste); el derecho a una vivienda digna (artículo 47, donde la letra pequeña, en realidad, dice: "todos los bancos españoles tienen derecho a apropiarse de una vivienda digna y adecuada, o mejor, de miles de ellas"); el derecho al trabajo (artículo 35, que actualmente cuenta con un déficit de casi cuatro millones de parados). Hay muchos más (medio ambiente, prestaciones de la seguridad social, cultura, etc.) pero tampoco vamos ahora a ponernos tiquismiquis.

Frente a quienes reclaman una reforma total o parcial de la Constitución, abogando por un estado federal o una república, yo me conformaría de momento con una postura que Norman Mailer definió una vez como "conservador de izquierdas", es decir, conservar los derechos sociales adquiridos o proyectados a lo largo de estos años. Me conformaría con que se cumplieran a rajatabla unos cuantos artículos -especialmente los referidos al trabajo, la vivienda, la sanidad, la igualdad y la educación- con los que los sucesivos gobiernos de este país llevan limpiándose el culo desde entonces. No sería poca cosa poner en práctica de una buena vez la Constitución de 1978 y dejarse de adorarla como si fuese la Biblia o cualquier otro tocho de literatura fantástica. Créanme, iba a ser la hostia.