20/01/201119/01/2011

 

ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La Constitución española ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y proclama el derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los términos en los que se expresa la norma suprema son claros y precisos, y a priori deberían ser suficientes para que el Estado garantizase nuestros derechos en este terreno. Sin embargo, el Gobierno acaba de presentar un Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

El texto presentado por el Gobierno adolece de numerosas lagunas, aunque también es cierto que se trata de un mero anteproyecto y que, en cuanto tal, es susceptible de ser mejorable durante el proceso parlamentario. El anteproyecto se autojustifica en la necesidad de incrementar los motivos de discriminación (a los que se suman tres nuevos: enfermedad, identidad sexual y lengua), y en su carácter integral, pues prevé su aplicación en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Con este objetivo, el anteproyecto prohíbe la discriminación en numerosos contextos, y especialmente en las relaciones laborales, las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales, educación, sanidad y en lo relativo a la percepción de prestaciones y servicios sociales.

El Gobierno parece ignorar que nuestro ordenamiento jurídico ya ha prohibido expresamente la discriminación en todos los contextos a los que se refiere el anteproyecto. Un excelente ejemplo de esta situación lo encontramos en el ámbito educativo, donde el anteproyecto hace una especial incidencia pese a que todas las leyes educativas que se han aprobado en democracia han proclamado la igualdad y prohibido expresamente la discriminación en la escolarización en los centros financiados con fondos públicos. Por lo tanto, o bien los poderes públicos y los jueces no están cumpliendo con su labor de cumplir y hacer cumplir las leyes –y este problema no se solucionará aprobando más leyes–, o bien estamos ante un excelente ejemplo de inflación normativa que no añade gran cosa al actual marco jurídico, ya que en el terreno de la igualdad y no discriminación nuestro país no necesita nuevas leyes, sino que las que están vigentes se cumplan.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas