29/04/201128/04/2011

RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Para la izquierda abertzale estar en las instituciones es vital. Lo intenta siempre y suele fracasar. La última vez, con Sortu, volvió a salir mal porque el frente político-judicial con el que tropieza es muy cerrado, si bien la última decisión del Supremo tuvo votos discrepantes, lo que podría anunciar grietas en el cierre. El Gobierno está en posición de fuerza porque deriva decisiones de consecuencias políticas a los tribunales. Pero eso mismo hace a los tribunales árbitros en controversias políticas, lo que no suele ser recomendable.

Fracasado Sortu, como no es cosa de repetir por decimocuarta vez la operación, la izquierda abertzale recurre al plan B que consiste en incorporar dos partidos legales, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, a un proyecto común independentista. En voz alta se dice que no hay base jurídica para una impugnación de la coalición, y en voz baja que tampoco habrá decisión política para ilegalizar partidos legales. Proceder contra Bildu en estas circustancias, se dice, desencadenará una caza de brujas.
En lo judicial deciden los jueces. La Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnan todas las candidaturas de Bildu y las agrupaciones electorales de la izquierda abertzale. Aunque el razonamiento de la Abogacía es que Bildu es parte de la estrategia de ETA, lo que parece ir más por el lado ideológico, la base de la impugnación es la contaminación, y esta se decide mediante pruebas materiales. Lo que quiere decir que a lo mejor hay candidaturas que se salvan y acaba sucediendo lo que con Acción Nacionalista Vasca, que parte de las listas concurrió y parte no en las pasadas elecciones de 2007.
El problema está en la vía política. Cabe la posibilidad de que el Supremo ilegalice todas las candidaturas, pues todas se han impugnado, lo que equivaldría a una ilegalización de la coalición por la vía de hecho. En todo caso, aunque sólo se ilegalicen noventa o cien candidaturas, la situación se complica mucho. La Abogacía del Estado afirma que la pretensión impugnatoria no alcanza a la legalidad de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, pero eso sólo será realizable si, en lugar de ilegalizar candidaturas enteras, se excluye a los candidatos "contaminados".