MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA

Catedrático de Lógica y Filosofía
de la Ciencia

Todos estamos convencidos de que los procedimientos y criterios que se utilizan en la Administración Pública para proveer la mayoría de los servicios que el Estado proporciona a los ciudadanos no son siempre los más adecuados para gestionar y promover la investigación científica. Por eso es un clamor en la Universidad y en los centros públicos de investigación la demanda de mayor flexibilidad y autonomía en la definición de la carrera profesional de los investigadores, que debe ser compatible con un mayor reconocimiento social de su labor y mejores garantías de estabilidad y de desarrollo profesional.
Pero hay un problema: mayor autonomía y flexibilidad requiere también más responsabilidad. Por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de Universidades abolió el rígido e ineficiente sistema de habilitaciones nacionales para obtener plazas de profesor universitario y lo sustituyó por un sistema de acreditación, mucho más razonable y fácil de aplicar, cuyo objetivo principal es hacer muy difícil que las universidades puedan contratar a malos investigadores pero dejando en sus manos la responsabilidad de seleccionar a los mejores. Cuando se haga el balance de su aplicación habrá que indagar qué universidades han utilizado las nuevas posibilidades que la ley les ofrece para mejorar realmente sus procesos de selección de personal.
La Ley de la Ciencia y la Innovación, que acaba de aprobar el Senado, ha aplicado una filosofía parecida a todo el sistema público de investigación, definiendo una carrera profesional para los investigadores que será más flexible al tiempo que más previsible y segura, y facilitará la movilidad sectorial, disciplinar e internacional de nuestros científicos y tecnólogos. Nunca llueve a gusto de todos y siempre habrá quien preferiría poder seguir quejándose de que en España investigar es llorar. Pero ya no es cierto. Por una vez, todas las fuerzas políticas (o casi todas) se han puesto de acuerdo y han definido un nuevo marco jurídico con el que se cierra el círculo de las reformas de nuestro sistema de ciencia e innovación y se abre una nueva etapa, en la que las instituciones científicas podrán demostrar a la sociedad española que son merecedoras de la confianza que en ellas ha depositado.