RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Cuestionar la independencia del Tribunal Constitucional, dice su presidente, es "atentar contra lo más sagrado de la función jurisdiccional". Es una expresión hiperbólica que, sin embargo, se queda corta. Cuestionar esa independencia es atentar contra la clave de bóveda, la pieza maestra del Estado democrático de derecho porque es su principio de legitimación, allí donde lo político y lo jurídico se funden.

Los tribunales constitucionales son el gran invento para la defensa de la democracia, es decir, para la defensa jurídica de un régimen político. De ahí su carácter híbrido que mezcla su naturaleza política con su función jurisdiccional. No forman parte de la vía judicial porque están por encima de ella. Sólo cuando esta se agota entran aquellos en acción. Y una vez que lo hacen, sus decisiones son incuestionables. Que hayan sido adoptadas por unanimidad o por unas u otras mayorías no las torna menos incuestionables. Cierto que la minoría puede acertar y la mayoría equivocarse. También puede ser errónea la decisión unánime. Ese riesgo es inherente a la condición humana, pero no da derecho a cuestionar la decisión. Sea recto o torcido, el fallo del Constitucional es incuestionable, salvo recurso al Tribunal Europeo.

Tampoco es de recibo no acatar la decisión del tribunal en virtud de su composición política, que no depende de él.
Bildu es legal porque así lo ha decidido el máximo intérprete de la Constitución, algo así como la voz del poder constituyente. Es muy dañino cuestionar la legitimidad de ese intérprete y, además, inútil. Lo saben quienes atacan al Tribunal Constitucional y por eso exigen también al Gobierno un nuevo procedimiento de ilegalización de Bildu a cuenta de un hecho jurídicamente irrelevante como que un ciudadano libre en uso de sus derechos pida el voto para una coalición que el Tribunal Constitucional ha declarado legal.

Igual de incoherente es esa manifestación del próximo sábado para protestar por la legalización de Bildu. No puede ser una protesta contra la decisión del Constitucional (que ha legalizado Bildu, pero no es políticamente responsable) ni contra el Gobierno (que es políticamente responsable, pero no ha legalizado Bildu).