Del consejo editorial

Muerte digna

Público

ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado y de Libertades Públicas

Existe una infinidad de fórmulas para referirse a la capacidad que tienen los individuos para decidir cuándo quieren morir, como, por ejemplo, testamento vital, autonomía del paciente, muerte digna, suicidio voluntario o asistido, o los diferentes tipos de eutanasia médica. Esta terminología ha sido utilizada tradicionalmente de forma demagógica por los actores políticos para eludir responder de forma clara y precisa al siguiente interrogante: ¿quién debe decidir cómo y cuándo deben morir aquellos individuos que padecen una enfermedad en fase terminal e incurable? En este contexto debe interpretarse
el anteproyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.
La propuesta del Gobierno reconoce a los enfermos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, que padecen una enfermedad incurable en fase terminal e irreversible, el derecho a decidir cuáles deben ser los cuidados o los tratamientos asistenciales que reciban en el proceso final de su vida. Los titulares del derecho mencionado son solamente aquellas personas que están abordando la fase final de su vida en unas condiciones que ellas mismas consideran que atentan contra su dignidad o son especialmente dolorosas; y el papel de las administraciones sanitarias debe limitarse a informar al paciente de su situación médica y respetar sus decisiones en este terreno, con independencia de cuáles puedan ser las creencias o convicciones de los profesionales sanitarios que atiendan al paciente. De esta manera, se evita que los médicos decidan en función de sus propios criterios morales cuándo la calidad de vida de un enfermo terminal es aceptable, o que puedan convertirse en los protagonistas de un debate moral que no les pertenece.
La aprobación de una norma de estas características no debería plantear problemas jurídicos, ya que el artículo 15 de la Constitución española reconoce el derecho a la vida sin que en ningún caso esta pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; y desde la perspectiva moral ya decía Francis Bacon que "la perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena".

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