Rescate o presupuesto europeo

ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

Observando las cifras, el recorte aprobado por el Parlamento heleno de 78.000 millones de euros a cambio de los 12.000 millones del último tramo del préstamo concedido por los países europeos no parece un buen negocio. Sólo está motivado por la necesidad de hacer frente al vencimiento de la deuda, y ya varios analistas han advertido que con este recorte será imposible promover el crecimiento económico. El Ejecutivo heleno será cada vez más dependiente de los planes de rescate conforme se acerquen los plazos de vencimiento de la deuda. Esta dependencia puede, a su vez, generar una crisis de gobierno permanente con amagos de elecciones anticipadas, de cuestiones de confianza y mayores niveles de contestación social.
El plan de ajuste prevé la privatización de empresas públicas, que se dicen poco rentables, y que se estima podría generar ingresos por valor de 50.000 millones de euros (más de la mitad del plan de ajuste). Paradójicamente esta baja rentabilidad de las empresas públicas no parece ser óbice para su venta, sobre todo si las empresas se concentran en sectores estratégicos como la gestión de puertos o las telecomunicaciones. Esta anunciada falta de rentabilidad y la necesidad de su venta presionarán, no obstante, a la baja el precio de venta, por lo que los ingresos a obtener pudieran ser inferiores, y así, vuelta a empezar. Y con este desmantelamiento ordenado del Estado se salvaría no sólo la economía griega, sino también el euro.
Mientras tanto, y el mismo día en que tuvo lugar la votación en el parlamento griego, la Comisión presentaba su propuesta para el presupuesto europeo 2014-2020 con un incremento del 4,8% respecto al período anterior, 2007-2013, y por encima de la inflación media del período (2%). El nuevo presupuesto se nutriría además de recursos propios generados por impuestos europeos, por ejemplo, sobre las transacciones financieras. Aunque llegue tarde, sea limitada en su alcance y vaya en dirección opuesta a lo que se pide a algunos gobiernos nacionales, esta propuesta supone una vía alternativa y más creíble para la supervivencia del proyecto europeo. Una vía que sustituiría la dependencia (y amenaza) de los planes de rescate por la participación en un proyecto común.