Del consejo editorial

Ciudadanos militares y certeza jurídica

Público

Pere Vilanova
Catedrático de Políticas

Desde luego, por los tiempos que corren, es noticia de primer orden que el Congreso de los Diputados haya aprobado por unanimidad algo, y además algo sustantivo. Se trata de un Proyecto de Ley orgánica que afecta a un tema tan significativo como los derechos y deberes de nuestros ciudadanos militares. Por los tiempos que corren, eso pone de relieve varias cosas. La primera es que si se ha votado por unanimidad, después de una larga y efectiva negociación entre todas las partes, es que el tema debe de ser realmente importante. Lo es. La segunda, es que sus señorías se han rehabilitado ante la opinión, en un momento en que las encuestas les sitúan muy abajo en la apreciación ciudadana, y de paso han rehabilitado el Parlamento, que sigue representando una cosa tan importante como lo es la voluntad general. ¿La clave? Han sabido poner por encima de todo una cierta idea de interés de Estado.
La reforma de las Fuerzas Armadas españolas es de muy largo recorrido, empieza en 1977, y tiene un alcance histórico, desde la creación del Ministerio de Defensa, pasando por la Ley orgánica de la Defensa Nacional de 2005 y otras reformas normativas desde los años ochenta hasta hoy. Resuelta –definitivamente– la supeditación de la institución militar al Gobierno civil, así como su plena integración institucional y sobre todo social, quedaba pendiente el tema de los derechos y deberes de los militares. Son ciudadanos, y aunque el ordenamiento constitucional prevé –según estándares internacionales plenamente consolidados– que los militares tienen derechos, la naturaleza de su actividad puede ver limitados algunos de ellos (sindicación tradicional, manifestación, etc.). Esta Ley resuelve esta y otras cuestiones: regula el derecho de asociación y de representación profesional, crea el órgano que ha de hacerlo efectivo, el Consejo de Personal, y crea un órgano adicional claramente garantista: el Observatorio de la vida militar. El Parlamento y el Gobierno, con esta Ley, no regalan ni conceden nada a quien tiene derecho a ello, simplemente introducen algo tan esencial como es la certeza jurídica en materia de derechos fundamentales. Quizá las buenas noticias no suelen ser noticia, pero el Congreso de los Diputados nos regaló ayer una muy importante, y no sólo para los militares.