18/04/200918/04/2009

 RAMÓN COTARELO

La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica amparada por la ley en la mayoría de las sociedades avanzadas del mundo, incluida España. En nuestro país, sin embargo, la vigente ley reguladora del aborto, que fue una norma de compromiso para sortear la frontal oposición de los sectores contrarios de entonces, se ha revelado insuficiente. Al limitarse a despenalizar la práctica sólo mediando la decisión facultativa y no reconocerla como derecho pleno de las mujeres, deja a estas desprotegidas frente a las prácticas abusivas de organizaciones y entidades contrarias a ella, con lo que frecuentemente se han vulnerado sus derechos del modo más craso.

Lo característico del debate actual sobre el aborto es la virulencia con que se manifiestan quienes se oponen a su regulación. No es infrecuente que los llamados "grupos pro vida" ataquen a quienes consideran sus enemigos, a veces, paradójicamente, con resultado de muerte. Esta virulencia de quienes basan su actitud en los mandatos de una u otra religión, en un imaginario "derecho natural", en la tradición o en la más oscura superstición trata de imponer criterios morales particulares al conjunto de la sociedad como leyes de obligado cumplimiento.

El debate se da en todos los terrenos. Los enemigos del derecho de las mujeres a decidir pretenden encuadrarlo lingüísticamente hablando de "antiabortistas" y "provida", de un lado, y "proabortistas" y "promuerte", por otro, cuando lo cierto es que sólo hay partidarios y enemigos del derecho de las mujeres a decidir. Los partidarios quieren conquistar un derecho que no obliga a nadie; los enemigos tratan de imponer una obligación general y criminalizar a quien la incumpla. Su falta de escrúpulos los lleva a emplear la violencia, la demagogia, como en el caso de la campaña de los obispos; la mentira, como en el caso del manifiesto de los llamados científicos pronunciándose sobre un asunto que está más allá de la ciencia; una esperpéntica contralegislación, como en el caso del Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana; o el intento de instrumentalizar las procesiones de Semana Santa, convirtiéndolas en manifestaciones en contra de un derecho.

Resulta revelador, sin embargo, de la curiosa situación actual el hecho de que la vociferante oposición a la reforma de la ley que encabeza la Iglesia no tenga el apoyo del PP, bajo cuyo Gobierno se practicó en España medio millón de abortos al amparo de la ley que se quiere reformar. Y no es de extrañar: a los argumentos de peso ya esgrimidos hasta la saciedad en el terreno científico y moral se une el hecho de que la mayoría de la población española, como revela un reciente Publiscopio de este diario, es partidaria de la reforma de la ley y del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres con una ley de plazos. Y dentro de esa mayoría son mayoría, a su vez, los sectores más jóvenes.
Es cierto que las cuestiones morales no pueden resolverse a golpe de mayorías; pero también lo es que menos podrán resolverse a golpes (y nunca mejor dicho) de minorías, por vociferantes e iluminadas que sean.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencia Política