Carme Miralles-Guasch
Profesora de Geografía Urbana

Hace unos días, la Comunidad de Madrid subió el precio del billete sencillo del transporte público un 50%. Parece a todas luces un aumento exagerado porque los incrementos de los precios tendrían que estar en relación a sus costes, y por lo tanto al servicio que se presta. Al contrario, esta subida parece originarse de una situación económica que, en palabras un poco burdas pero muy claras, definió Esperanza Aguirre, cuando hace unos meses, dirigiéndose al alcalde de Madrid le dijo que no tenían "ni un puto duro". Pero el precio que pagan los usuarios y los costes reales de los transportes públicos, en especial en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, es un tema mucho más complejo y va mucho más allá de una subida exagerada como esta.

En primer lugar, lo que realmente importa a los usuarios es lo que les cuesta el transporte público en un año. Algunos estudios han valorado el coste medio para la Comunidad de Madrid en unos 470 euros anuales, unos 40 euros al mes. No parece, en principio, un coste exagerado. Aunque sea el doble de París y menos de la mitad de Londres. Sin embargo, sea cual sea el precio que pagan los ciudadanos, es siempre menor que el coste del servicio. En otras palabras, el usuario paga sólo una parte del precio real y el resto se cubre con dinero público, derivado de nuestros impuestos. Pagamos los transportes públicos de forma directa, comprando el billete, y de forma indirecta con nuestra declaración de la renta.

Y este equilibrio es muy importante pues los transportes públicos también son parte de los servicios del Estado del bienestar, pues estos garantizan poder llegar a los lugares de trabajo, de compras o de ocio. No sólo a los que los usan, sino también a aquellos que siempre utilizan el automóvil. ¿Se imaginan que todos o parte de los usuarios de los transportes públicos los abandonaran en una ciudad como Madrid para engrosar el manejo de los privados? El colapso sería tan monumental que nadie podría llegar a trabajar a su hora. Así, los transportes públicos, aquellos que todo el mundo puede utilizar y nos permiten llegar a nuestras actividades cotidianas, forman parte de los derechos de ciudadanía. Paguemos lo que sea justo. Cuidémoslos.