Gastos fiscales y faustos papales

Juan Francisco Martín Seco

Economista

El Gobierno ha reiterado que los faustos papales no han consumido dinero público. No está nada claro. Pasemos por alto los gastos en que han incurrido las distintas administraciones públicas en el evento y fijémonos, sin embargo, en esa tajante afirmación del ministro de la Presidencia acerca de que las jornadas no han recibido subvención directa alguna del presupuesto. Ramón Jáuregui se fija sólo en una parte del presupuesto, la de los gastos, y olvida la de los ingresos, es decir, las desgravaciones. Por esta vía, buena parte de lo aportado por los patrocinadores termina costeándolo el erario público.
El error cometido por el ministro de la Presidencia es harto frecuente. Cuando los políticos izan la bandera de la austeridad, todas las miradas se dirigen a los capítulos de gastos olvidándose de los llamados gastos fiscales. ¿Acaso existe diferencia entre subvencionar directamente una actividad y permitir la desgravación en un tributo por el mismo motivo? Sólo que esta última forma de gasto aglutina toda clase de desventajas para la hacienda pública. Al no figurar de forma explícita en el presupuesto, pasan desapercibidos; una vez establecidos, no se someten al examen y a la criba anual de la aprobación presupuestaria; su cuantía es desconocida a priori porque no depende de la voluntad del Gobierno, sino del uso que decidan hacer los contribuyentes. Por último, es un nido de fraude ya que su control es casi imposible.
Claro que, a lo mejor, todos estos defectos son ventajas para algunos y por esa razón los gastos fiscales se establecen con tanta frecuencia. El Impuesto sobre Sociedades se ha convertido en un queso gruyère, pasando de un tipo nominal del 30% a uno efectivo del 10%. No obstante, el Ejecutivo, que ha metido las tijeras en las partidas de gasto más necesarias, se niega radicalmente a tocar las deducciones y las desgravaciones fiscales de este gravamen. La opacidad lo permite, porque de lo contrario, ¿qué gobierno se atrevería a explicitar como subvenciones estas partidas en los presupuestos? ¿El Parlamento se aventuraría a aprobar en la actualidad una transferencia a favor de bancos y promotoras? Pues no otra cosa es reducir el IVA de la vivienda nueva del 8 al 4%.