¿Quién miente?

RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Esperanza Aguirre dijo hace unos días que los profesores trabajan 20 horas por semana y Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid, remachó que trabajan menos que los funcionarios municipales. Ambas afirmaciones eran falsas, como reconoció la presidenta de la Comunidad de Madrid al admitir que los docentes trabajan 37,5 horas por semana, como es su obligación. En realidad, la inmensa mayoría trabaja mucho más, pero lo importante es que Aguirre faltó clamorosamente a la verdad y hubo de disculparse por ello.
Ahora es la misma Aguirre la que acusa al PSOE, a IU, a los indignados y a “los de la ceja” de mentir porque afirman que la Comunidad de Madrid está aplicando recortes en educación. Según ella, lo que sucede es que se pide a los profesores que cumplan 20 horas lectivas del total de la jornada laboral semanal en lugar de las 18 que venían haciendo. Pero esas dos horas de diferencia de horario significarán que este año dejará de contratarse una cantidad considerable de profesores interinos como ella misma admite, aunque no sepa cuántos en concreto. Luego sí habrá recortes en educación que afectarán negativamente a la calidad de la enseñanza pública en Madrid, ya que necesariamente mermará la idoneidad del profesorado y, por tanto, no son los acusados de mentir quienes mienten sino, en todo caso, quienes los acusan y, como se ve, no por primera vez.
Y no sólo se falta a la verdad en los recortes de la enseñanza pública sino que también pretende ocultarse el trato de favor que la Comunidad dispensa a la enseñanza privada religiosa a costa de la pública, que es otra forma de mentir. La consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, explicó el pasado agosto cómo su departamento ha ampliado la oferta de plazas de profesores de centros privados subvencionados con fondos públicos, ampliación que contrasta con el recorte en la contratación de profesorado en los centros públicos. De igual modo proyecta ceder gratuitamente terrenos públicos para que las congregaciones religiosas puedan desarrollar sus proyectos educativos privados en Madrid. Pero esto no lo explicó en España, sino en Rímini, en Italia, en un congreso de la organización ultracatólica Comunión y liberación.