Loterías: regresividad y pensamiento mágico

Jorge Calero

Catedrático de Economía Aplicada

Las loterías y apuestas organizadas por el sector público (Estado y comunidades autónomas) constituyen una fuente de ingresos para este especialmente cuestionable. En primer lugar, se trata de ingresos regresivos, aportados mayoritariamente por los grupos sociales de rentas más bajas. En segundo lugar, en la promoción de estas loterías el sector público inculca sin ambages el pensamiento mágico: la “ilusión” se basa en probabilidades ínfimas. En las loterías y apuestas la acción del sector público es antigua, injusta, pre-Ilustración, en suma. En lugar de fomentar la racionalidad y la equidad, mediante las loterías públicas lo que se hace, expuesto quizás de forma un poco brutal, es engañar algo más a todos, sobre todo a los pobres, y extraerles algo más de dinero. “Lo raro es que no te toque”, eslogan de una campaña actual de Loterías y Apuestas del Estado, me parece más publicidad engañosa que buena práctica pública.
Conviene aclarar que el destino de los ingresos netos generados por las loterías públicas es cualquiera de los efectuados por el sector público. El dinero que el ciudadano, ilusionado en el mal sentido de la palabra, destina a comprar la Primitiva puede acabar como capital inyectado a las cajas de ahorros. Y permítanme la digresión: por primera vez he escuchado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez decir que una cantidad de gasto público “es pequeña”. Dijo, textualmente, refiriéndose a 7.500 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) destinados a tres cajas de ahorro: “Cuando uno va a otros foros (…) esta parece una cantidad muy pequeña”. Los raseros con los que el gobernador del Banco de España mide el gasto público son demasiado diversos. En todo caso, y cerrada la digresión, quien desee que parte del dinero de sus apuestas sea destinado específicamente a fines sociales, tiene disponibles otros sorteos.
El principio que rigió la intervención pública en las loterías y apuestas fue, en su momento, el de impedir que los beneficios del juego fueran a parar al sector privado. En la actualidad, parece más razonable que el sector público intervenga mediante la regulación y la imposición con el objetivo de ordenar y moderar el juego, antes que seguir incentivándolo en beneficio propio.