RAMÓN COTARELO

En la crítica a la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura de Iniciativa Internacionalista se mezclan dos razonamientos y, probablemente, no de modo desinteresado. De un lado, se dice que la decisión es injusta porque se ha tomado sin pruebas suficientes y sin atenerse a lo exigido en la llamada Ley de Partidos, a cuyo amparo se adopta. De otro, que lo injusto es la propia Ley de Partidos,
que debe derogarse. La finalidad de ambas críticas es protestar contra la ilegalización, la undécima de las que se producen en el País Vasco por connivencia con ETA. La conclusión que pretende colarse aquí es que España no es una democracia porque, en lugar de ilegalizar comportamientos delictivos, se ilegalizan ideas, en este caso las
independentistas.
El auto del Tribunal Supremo, ciertamente, a fuer de obra humana, puede ser injusto. De hecho, no cabe ignorar que la decisión se adoptó por 11 votos contra cinco. Podría darse, incluso, una vulneración de derechos fundamentales, en cuyo caso los agraviados pueden recurrir en amparo al Tribunal Constitucional que les dará la razón, si la tienen. Lo malo es que quienes se oponen a esta decisión también

En segundo lugar, la Ley de Partidos puede ser injusta. Pero es la ley vigente y las leyes se cumplen. Si alguien cree en conciencia que una ley es inicua y que no debe cumplirla, lo que ha de hacer es quebrantarla públicamente y aceptar la sanción correspondiente con la esperanza de que su incumplimiento mueva al legislador, a la mayoría, a modificarla o promulgar una nueva. Lo que no se puede hacer es desobedecer la ley y pretender impunidad por ello.
La conclusión, por último, es que la conclusión de los críticos es falsa. En España no se ilegalizan ideas, y desde luego no las independentistas. La prueba es que hay partidos independentistas representados en las instituciones, como Aralar en el País Vasco o ERC en Cataluña, que es partido de Gobierno en la Comunidad. La diferencia es que no son conniventes con la violencia ni constituyen la vertiente política de quienes asesinan para imponer sus ideas políticas.

Los independentistas vascos conniventes con el terrorismo debían de creer que su táctica era óptima, pues la repitieron 11 veces. Pretendían acceder a las instituciones presentando listas sin cumplir con la ley. Buscaban una victoria estratégica, demostrando que se puede estar en las instituciones sin romper con la violencia ni desvincularse de ella, o bien una derrota también estratégica que les permitiera sentar plaza de víctimas de una democracia que no es tal.
Todo eso ha cambiado radicalmente a raíz del comunicado de la candidatura –por el que se condena taxativamente y sin fisuras el uso de la violencia para obtener fines políticos– que acompaña al recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. La cuestión ahora es si ese giro repentino de acatamiento de las normas democráticas y del Estado de derecho llega a tiempo para surtir efectos políticos y jurídicos. Ojalá sí.

Ramón Cotarelo es profesor de Ciencia Política