Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Europa ha decidido abrazar la religión del déficit cero, lo cual supone que los países con mayores desequilibrios presupuestarios, como es el caso de España, deben reducir al menos en el corto y medio plazo su gasto público. Los ajustes aludidos serán gestionados por el partido que acaba de salir de las urnas y, aprovechando esta coyuntura legislativa, el cardenal arzobispo de Madrid ha mandado un mensaje al futuro Ejecutivo instándole a que recupere la Ley de Calidad de la Educación que aprobó el Gobierno de Aznar en 2002, pero cuya ejecución fue paralizada por los posteriores gabinetes socialistas.

La Ley de Calidad permitía a las escuelas privadas concertadas, en su mayoría católicas, seleccionar a sus alumnos, y en este proceso utilizar su ideario religioso como uno de los principales criterios de selección. De esta manera, utilizando el criterio de la potencial adhesión o no a unos principios religiosos concretos, las escuelas concertadas decidían a qué alumnos querían escolarizar y, mucho más importante, a cuáles no. La Ley Orgánica de Educación de 2006 derogó la Ley de Calidad y prohibió expresamente que las escuelas financiadas con fondos públicos pudieran discriminar en la selección de sus alumnos, entre otras razones, por motivos religiosos, o cobrar a sus usuarios por sus servicios educativos. La Ley de 2006 no fue un capricho del Gobierno socialista, ya que en aquel momento las escuelas públicas cumplían con una función social que las escuelas privadas no estaban dispuestas a asumir, tal y como se deducía de las estadísticas que indicaban que el grueso de los alumnos de origen inmigrante se escolarizaban en las escuelas públicas, y que los alumnos con mayores niveles de renta asistían a las escuelas privadas concertadas.

En los próximos meses el PP debe decidir en qué medida los futuros recortes presupuestarios afectarán al sistema educativo, y en este contexto debe tener presente que la escuela pública de calidad es uno de los pilares sobre los que se asientan los modelos sociales más avanzados, y que la educación es un servicio público esencial que debe servir para remover las desigualdades socioeconómicas y no para fomentarlas, le pese a quien le pese.