Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

Recién estrenada, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad calificó el asesinato de una mujer a manos de su pareja de "violencia en el entorno familiar". El dislate levantó tal oleada de críticas que, ante una nueva víctima, se ha visto obligada a modificar sus declaraciones. Y es que la burda desconceptualización de un hecho claro de violencia de género es un ataque frontal a los esfuerzos realizados en España para acabar con esta lacra, esfuerzos considerables, aunque el avance sea lento. En 2011, han sido 60 las mujeres asesinadas por violencia de género, una cifra que sigue siendo escandalosa, pero que es un 18% menor que la correspondiente a 2010, que fue de 73.

¿Hay que recordar que la violencia contra las mujeres ha sido invisible hasta hace bien poco? ¿Y que los conceptos que ponemos en juego en el lenguaje importan? No sólo porque nos permiten decir con rigor lo que está pasando, sino porque delimitan y hacen emerger aspectos de la realidad que antes de ser conceptualizados eran invisibles, al estar disueltos en una generalidad que impide captar cabalmente un problema, precisamente por la carencia del concepto adecuado.

Lo relevante, lo que importa reflejar en el lenguaje para hablar de la violencia contra las mujeres, no es que se dé en el ámbito familiar –y por eso tampoco es adecuado llamarla violencia doméstica– sino el hecho de ser consecuencia de un sistema, el patriarcado, en el que los hombres son socializados para tomar por natural su supremacía y la consiguiente dominación de las mujeres. Un sistema cuyo núcleo explicativo es el concepto de género. Por eso ha de hablarse de violencia de género. Además, en el trayecto ya recorrido para erradicarla, la violencia así conceptualizada tiene un tratamiento jurídico específico y como tal ha de aplicarse en los casos pertinentes.

No es una cuestión baladí, pues difícilmente podremos acabar con este tipo de violencia, si no la nombramos del modo riguroso que permite entender sus raíces más profundas y estructurales. Por eso es tan grave que la persona responsable de las políticas públicas que han de ocuparse de eliminarla utilice un lenguaje equívoco que diluye el problema y lo sitúa de nuevo en la invisibilidad.