Un año de involución democrática en Europa

Francisco Balaguer Callejón
Catedrático de Derecho Constitucional

El año 2011 ha reunido todos los méritos necesarios para ser recordado como el punto de partida del proceso de desmantelamiento del pacto social y democrático en el que se basaron las constituciones normativas en Europa después de la II Guerra Mundial. El constitucionalismo que hoy conocemos se construyó en Europa sobre el reconocimiento del pluralismo y la incorporación del principio de Estado social en los textos o en la práctica constitucional. A pesar de todas las deficiencias que se puedan atribuir a los sistemas constitucionales europeos, no cabe duda de que, en comparación con otros entornos geográficos, han supuesto un desarrollo histórico de la Constitución como marco jurídico de organización de la convivencia, con capacidad para canalizar y resolver los conflictos sociales y políticos por medios democráticos.

Un desarrollo que se vería ya afectado por el modelo de integración europea seguido hasta ahora, que ha provocado una pérdida de calidad democrática en los estados miembros de la Unión. Pero la crisis económica ha impulsado de manera considerable el debilitamiento de los procesos democráticos internos, generando un sometimiento inaceptable a las decisiones de los gobernantes de los países que tienen mayor capacidad económica y de autoridades de segundo rango de la Unión Europea –desde el punto de vista democrático– que actúan, además, fuera del marco competencial de las instituciones.

La descomposición paulatina de las constituciones estatales supone también la desintegración de Europa como proyecto político coherente con las –hasta ahora– tradiciones constitucionales comunes de los estados miembros. Lo que se está produciendo no es, sin embargo, la “suspensión de la política”, ni los gobiernos que actualmente rigen algunos estados europeos deberían caracterizarse –como se hace habitualmente– como gobiernos “técnicos”. Se trata de gobiernos “políticos” que ocultan bajo su perfil técnico la función que se les ha encomendado: la imposición incondicional de una determinada política limitando así el amplio cauce del pluralismo constitucional.