¿Responsabilidad política o jurídica?

Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

El último Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el objeto de controlar que las administraciones cumplan sus presupuestos económicos y no superen los objetivos de déficit público. El texto, en clara sintonía con las directrices comunitarias, prevé la imposición de duras sanciones económicas para las administraciones incumplidoras, pero no dedica una especial atención al tipo y al grado de responsabilidad que podrá exigirse a los gobernantes que gestionen de forma negligente la hacienda pública.

Nuestro ordenamiento jurídico permite a nuestros gobernantes gestionar los recursos públicos con excesiva libertad, tal y como se deduce del hecho de que numerosas administraciones se encuentren en quiebra técnica debido exclusivamente a la ausencia de celo de sus gestores. En el mejor de los casos, porque no siempre ocurre así, el gobernante cuya mala gestión es castigada en las urnas asume lo que se conoce como responsabilidad política, que consiste en que el sujeto que ha arruinado la hacienda pública condenando a sus conciudadanos y a las futuras generaciones a pagar deudas millonarias, se va a su casa de rositas, cuando no a disfrutar de un puesto en el consejo de administración de alguna empresa pública o privada.

Así las cosas, parece evidente la necesidad de articular mecanismos que permitan controlar eficazmente a nuestros gobernantes, de forma que, por una parte, al igual que ocurre en los países de nuestro entorno europeo, los ciudadanos puedan acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar su petición, para conocer en qué y con quién se gastan sus impuestos sus gobernantes; y por otra, la única manera de acabar con la impunidad con la que operan nuestros gestores públicos es poder exigirles responsabilidad penal y civil cuando despilfarren el dinero público. De esta manera, los regidores públicos no pagarían con tanta alegría cifras millonarias en campañas de imagen institucional, se reducirían las habituales desviaciones presupuestarias de los contratos de obras públicas, habría menos aeropuertos sin aviones y sin sentido, y así un largo etcétera.